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El rol de José Cánovas

Por Héctor Contreras Alday

Foto: Archivo La Nación. Universidad Diego Portales.

LÍNEA DE TIEMPO

El rol de José Cánovas

Cuando asumió como ministro en visita del caso Degollados, muy pronto centró sus pesquisas en Carabineros. Como representante de las familias de las víctimas, el abogado Héctor Contreras fue un testigo privilegiado de su trabajo. En esta columna de opinión, afirma que aunque no era un gran investigador, el juez José Cánovas fue tenaz y puso toda su autoridad en el proceso. Además, contó con la colaboración de la Vicaría y, sin desearlo, con la de la CNI. Ningún otro magistrado había tenido tanta información para aclarar un caso de derechos humanos. En Cánovas se inspira, en parte, el juez Eduardo Varela, uno de los personajes clave de la segunda temporada de Los archivos del cardenal.

Por Héctor Contreras Alday

E

n los últimos meses, la televisión y la radio, así como algunas películas, han logrado traer a la memoria acontecimientos ocurridos durante la dictadura militar, lo que ha permitido valorar a las personas e instituciones que lucharon contra ella, en defensa de los derechos humanos.

Archivo diario La Nación. Universidad Diego Portales.

Ministro José Cánovas
Archivo diario La Nación. Universidad Diego Portales.

Uno de los casos más impactantes de los años 80 es, sin duda, el triple degollamiento de José Manuel Parada Maluenda, Manuel Guerrero Ceballos y Santiago Nattino Allende, los tres militantes comunistas asesinados por la Dicomcar en marzo de 1985. El descaro de los secuestradores –que en el caso de Parada y Guerrero actuaron a plena luz del día, en las puertas de un colegio-, la forma en que los tres fueron ejecutados y la manera en que abandonaron sus cuerpos –en un lugar concurrido, para que los descubrieran rápido- dejaban en evidencia un nuevo escenario: la desesperación del régimen, el desplome moral de los agentes represivos y la existencia de graves fisuras en la conducción centralizada de la represión.

Varios antecedentes se habían acumulado en esa línea. Uno de ellos eran las crecientes jornadas de protesta nacional, iniciadas en 1983 y que el régimen no lograba aplacar, ni siquiera sacando 18.000 hombres del Ejército a la calle. En ese contexto Andrés Valenzuela, un ex agente de una de las agrupaciones antisubversivas que operaron contra el Partido Comunista, entregó en agosto de 1984 su testimonio a la Vicaría de la Solidaridad. Estando en servicio activo en la FACH, Valenzuela desertó y reveló valiosa información sobre la muerte y desaparición de decenas de personas, además de datos sobre sus victimarios, antes de ser sacado del país para proteger su vida.

Archivo diario La Nación. Universidad Diego Portales.

Archivo diario La Nación. Universidad Diego Portales.

Un “recado” para el PC

Dos episodios hicieron creer a los aparatos represivos que el Partido Comunista estaba detrás de la deserción de Valenzuela, que sin duda fue un duro golpe para ellos. El primero es que parte del testimonio inédito del agente se filtró y salió a la luz en un periódico de Caracas, en diciembre de 1984. Varios años antes, los servicios de seguridad de la dictadura de Pinochet habían detectado en esa ciudad a una base del PC que facilitaba a sus militantes el ingreso y salida de Chile como clandestinos. El segundo hecho es el secuestro del arquitecto comunista Ramón Arriagada Escalante, ocurrido un mes antes del de Guerrero, Parada y Nattino, en febrero de 1985. Bajo tortura, Arriagada afirmó que José Manuel Parada y Manuel Guerrero estaban analizando el testimonio de un ex agente represivo.

En estos meses, además, la Vicaría de la Solidaridad ya había registrado y documentado el procedimiento de un nuevo grupo antisubversivo en la policía uniformada: la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (Dicomcar). Algunos de sus mandos estaban individualizados, así como identificado su recinto secreto de tortura, en calle Dieciocho, en el ex edificio del diario Clarín. Era el mismo cuartel que durante 1976, bajo el nombre de “La Firma”, había alojado a la agrupación antisubversiva conocida como el Comando Conjunto.

Archivo diario La Nación. Universidad Diego Portales.

Archivo diario La Nación. Universidad Diego Portales.

La publicación del testimonio de Valenzuela en Caracas, el testimonio bajo tortura de Arriagada Escalante y el descubrimiento de la Dicomcar por parte de la Vicaría. Estos tres antecedentes motivaron a los mandos superiores de Carabineros, apoyados por ex agentes del Comando Conjunto, a realizar una acción: mandar “un recado” al PC, como forma de vengar su osadía. Para ello eligieron a tres militantes comunistas que ya habían estado en la mira de la DINA y el Comando Conjunto entre 1975 y 1976. Santiago Nattino había sido intensamente buscado por el Comando Conjunto a fines de 1975. No llegaron a saber entonces su identidad, pero sí que era quien proveía de documentación falsa a los militantes y ayudistas del PC que salían e ingresaban al país. Manuel Guerrero estuvo secuestrado por el Comando Conjunto en 1975, pero en su captura resultó herido a bala, por lo que debió ser trasladado a los hospitales de la Armada y de Carabineros. Tuvo que ser liberado gracias a la presión internacional. José Manuel Parada también había sido detectado en 1976, tras la captura de compañeros suyos de las Juventudes Comunistas.

Cánovas en escena

El 1° de abril de 1985, dos días después del hallazgo del brutal triple degollamiento, la Corte Suprema nombró como ministro en visita al juez José Cánovas Robles, para que investigara el caso.

En los primeros meses de su investigación, a mí y al colega Luis Hermosilla nos tocó actuar como abogados de las familias de las víctimas. Ambos éramos trabajadores de la Vicaría, por lo que también representábamos el interés de la Iglesia Católica por esclarecer, a través de ese organismo, el horrendo crimen.

La Tercera, 31 de marzo de 1985.

La Tercera, 31 de marzo de 1985.

En ese momento la Vicaría pudo poner a disposición del ministro en visita antecedentes que, hasta entonces, ningún otro juez había podido tener para aclarar un caso de violaciones a los derechos humanos: nombres de agentes de la Dicomcar, su lugar de reclusión y los métodos de tortura e interrogatorios, además de la descripción de vehículos.

Cánovas era un ministro adusto, serio, reservado, parco. Una figura respetada. Recibía nuestros antecedentes y datos. Escuchaba nuestras hipótesis de trabajo como abogados querellantes. Casi todas sus diligencias demostraban que le otorgaba mucha credibilidad a la información que le hacía llegar la Vicaría.

Además, puso toda su autoridad como juez al servicio del proceso. Sin embargo, no era un buen investigador. Mi opinión personal es que no tenía las habilidades investigativas de magistrados como Tomás Dahm, Hernán Correa de la Cerda, Carlos Cerda Fernández, Dobra Lusic y Milton Juica, entre otros. Todos estos han sido jueces dotados de una gran habilidad para construir hipótesis, seguir pistas y dirigir a los organismos policiales y auxiliares de la justicia, además de interrogar con pautas previamente definidas.

José Manuel Parada
Museo de la Memoria

Pero Cánovas y su prestancia suplían esta carencia con voluntad y mucha dedicación. Debo decir que también con humildad. Nos preguntaba sin tapujos una y otra vez por los antecedentes que le entregábamos. Además, nos permitió desde el principio conocer su investigación y aceptaba nuestras sugerencias y a veces nuestras correcciones.

Me acuerdo que en el curso de la investigación le hicimos ver que la hoja de Ruta del helicóptero de Carabineros que sobrevoló el Colegio Latinoamericano de Integración, en el mismo momento en que Parada y Guerrero eran apresados, había sido alterada: la hora del sobrevuelo estaba groseramente corregida. Le advertimos que ese detalle era una hebra para obtener información sobre los autores del secuestro. No creíamos que los pilotos de la aeronave hubiesen tenido participación en el plagio, tal como se demostraría posteriormente. Pero su retiro de la escena del crimen era una clara evidencia de que conocían a los responsables y que estos seguramente pertenecían a Carabineros. Además, en los interrogatorios los pilotos entregaban versiones contradictorias, sin que Cánovas pareciera darse cuenta.
Pese a esto, los pilotos serían los únicos sometidos a proceso como autores en la primera encargatoria de reo dictada por Cánovas, antes de declararse incompetente.

Manuel Guerrero
Museo de la Memoria

Los golpes del ministro

Pero el juez logró suplir esa debilidad en materia investigativa. No sólo con el apoyo de la Vicaría, sino también con el Informe de la CNI sobre la organización que podía estar tras estos crímenes.
La CNI prácticamente le entregó en bandeja a los autores, en un informe donde los identificó como miembros de Carabineros, exculpando al régimen militar de la responsabilidad de estos crímenes. “Se trata de personas irracionales y que con esta actitud han comprometido gravemente la estabilidad e imagen del Supremo Gobierno”, decía el escrito.

Santiago Nattino
Museo de la Memoria

Enseguida, la CNI le entregó nombres de los “posibles” responsables, y agregó esta sorpresiva frase en una de sus conclusiones: “Los indicativos señalados en el análisis son de fácil acceso para cualquier entidad que se dedique a este caso, es así como es factible deducir que los mismos antecedentes ya señalados, en mayor o menor grado, los tenga en su poder la Vicaría de la Solidaridad, el Arzobispado de Santiago, y por ende el ministro en visita”.

El ministro Cánovas dio entonces su primer golpe: sometió a proceso a los dos pilotos del helicóptero, y dictó arraigo contra otros 12 miembros de Carabineros, entre ellos el jefe de la Dicomcar, el coronel Luis Fontaine. Sin embargo, ante nuestra sorpresa enseguida se declaró incompetente, remitiendo el expediente a la justicia militar.

Toda la estrategia jurídica de la Vicaría de la Solidaridad era lograr que los casos permanecieran en la justicia ordinaria, pues sistemáticamente la justicia militar acababa archivando todo proceso que comprometiera a los agentes de los aparatos represivos del régimen.

Pero lo que vino después fue también una sorpresa: el juez militar no aceptó la competencia, argumentando que los hechos no constituían actos de servicio. Se apartaba así, de un golpe, de la doctrina mantenida por los tribunales militares hasta la fecha, que establecía que los miembros de las fuerzas armadas estaban permanentemente en actos de servicio.

El segundo golpe del ministro Cánovas, una vez que el caso volvió a su competencia, fue encargar reos a diez efectivos de Carabineros, incluyendo a Fontaine, jefe de la Dicomcar. Además, interrogó al ex general director de Carabineros, César Mendoza, y ordenó detener al civil Miguel Estay Reyno, el “Fanta”, un ex comunista que colaboraba con los servicios de seguridad.

El Mercurio, 3 de agosto de 1985

El Mercurio, 3 de agosto de 1985

La labor de Cánovas solo se detuvo cuando quedó sin piso para seguir avanzando: en enero de 1986 la Corte Suprema revocó sus procesamientos. Entonces, el ministro en visita desistió de seguir investigando y sobreseyó temporalmente la causa, que archivó en el Sexto Juzgado del Crimen.

Milton Juica

Durante el tiempo en que el proceso estuvo en el Juzgado del Crimen, el juez Juan Muñoz Pardo sigilosamente siguió investigando un delito conexo: el secuestro de los funcionarios de la AGECH. Mediante pericias logró acreditar que una de las vendas con que los detenidos fueron amarrados, era de la misma tela de las camisas de Carabineros.

Archivo diario La Nación. Universidad Diego Portales.

Archivo diario La Nación. Universidad Diego Portales.

Casi cinco años después, un nuevo ministro en visita, Milton Juica, reinició el proceso. Dotado de una aguda capacidad investigativa y de una acuciosidad en los interrogatorios, logró quebrar la conspiración del silencio. Así, encargó reo como cómplice al general Mendoza, pero el procesamiento fue revocado por la Corte Suprema. Juica no se amilanó y en definitiva condenó a 11 miembros de Carabineros, además de “el Fanta”. Salvo cambios menores, la Corte Suprema confirmó el fallo. Por primera vez, una asociación ilícita terrorista integrada por agentes del Estado, había sido desbaratada y los criminales condenados.

El llamado caso Degollados fue el primer paso para derrumbar la estructura de protección con que contaban las organizaciones ilícitas formadas dentro de las Fuerzas Armadas. Eran las mismas organizaciones que llevaron a cabo las políticas de exterminio de disidentes políticos, ya sea cometiendo ejecuciones sumarias o practicando la desaparición forzada. Por primera vez un miembro de la Junta Militar, en este caso Mendoza, fue obligado a declarar como inculpado y luego encargado reo. Oficiales de alta graduación cumplen hoy condena por estos tres crímenes.

Archivo diario La Nación. Universidad Diego Portales.

Archivo diario La Nación. Universidad Diego Portales.

Nosotros en la Vicaría pudimos honrar la memoria de nuestro compañero de labores José Manuel Parada, así como la promesa de que su muerte no quedaría impune, ni su sacrificio sería olvidado. El ministro Cánovas fue una pieza relevante y oportuna en este propósito, aunque no la única ni la más importante. Por todo esto merece mi respeto y el de muchos.


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