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“Operación príncipe”: Irrumpe el FPMR-A

Con un audaz golpe, un nuevo grupo armado entró en la escena nacional en septiembre de 1987: el secuestro de alto oficial de Ejército, a quien mantuvo cautivo durante tres meses, antes de liberarlo en el extranjero. El régimen militar reaccionó con una implacable operación de búsqueda y cerrando cualquier posible negociación. Es que el coronel Carreño no era cualquier oficial: guardaba importantes secretos. Hoy, esos mismos secretos mantienen las dudas sobre la verdadera trama detrás del secuestro que inspira parte del segundo capítulo de Los archivos del cardenal.

C

omuna de La Reina, suroriente de Santiago, Avenida Simón Bolívar, 7.15 horas. Amanece el martes 1 de septiembre de 1987. Al interior de una acomodada residencia, un hombre alto, corpulento y de calvicie moderada, enciende el motor del Peugeot 504 color vino tinto, para dirigirse a su trabajo como subdirector de la Fábrica de Maestranzas y Armamentos del Ejército (FAMAE). El teniente coronel Carlos Carreño Barrera (39) está casado con Loreto Rojas y tiene tres hijos. Egresado como ingeniero de la Academia Politécnica Militar, es considerado uno de los más destacados expertos en armas del país y un innovador en el área.

En la calle, a pocos metros, está estacionado un furgón utilitario con la insignia de la Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias (EMOS). Cerca hay un sujeto con unos planos en la mano, dando instrucciones a tres operarios. La cuadrilla parece concentrada en su trabajo y no levanta sospechas.

De pronto se abre el portón de la residencia, y el Peugeot 504 sale conducido por Carreño. El militar se baja del auto y le pide al responsable de la cuadrilla que mueva el furgón para salir. El tipo accede. Cuando el oficial le da la espalda y sube a su auto, el sujeto se le echa encima y lo encañona con una pistola. Con esfuerzo –Carreño es alto y corpulento- logra meterlo en el furgón, que arranca a toda velocidad.

El supuesto encargado de la cuadrilla es en realidad es el jefe operativo de un comando del Frente Patriótico Manuel Rodríguez Autónomo (FPMR-A), compuesto por los otros tres hombres y por dos equipos de apoyo ubicados en las esquinas próximas, con la misión de bloquear la calle. Al comando se suman dos grupos de contención, dispuestos a participar si la situación lo requiere.

Hasta el momento todo sale según los planes. El único imprevisto es el hijo del militar, un muchacho de 17 años que desde la casa se percata de la maniobra, toma un revólver de su padre, sale a la calle y en posición de tiro dispara hasta agotar la munición. Es inútil; el coche escapa. Lo mismo hace el resto del comando en otros dos vehículos.

Pero, a poco andar, los frentistas se encuentran con una patrulla del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) de Carabineros que viene en dirección contraria. Al oír los disparos y ver las desesperadas señales que le hacen la mujer y el hijo del secuestrado, da media vuelta y comienza la persecución. Los carabineros disparan. Los subversivos responden con un fusil M-16 y con una escopeta. En una curva arrojan una granada de fragmentación que estalla, y aunque no causa heridos, obliga a los policías a abortar el seguimiento.

Un poco más adelante, el furgón se detiene junto a un automóvil que espera con el maletero abierto para introducir al prisionero. Minutos después este auto ingresa al garaje de una casa. Ha comenzado el secuestro del coronel Carlos Carreño, conocido como “Operación Príncipe”, suceso que tendrá en vilo a Chile durante 93 días.

Almirante Merino, 1 de septiembre de 1987

Objetivo: una acción espectacular
El secuestro de Carreño era la primera acción de envergadura del FPMR-A, una reciente división del FPMR que necesitaba imperiosamente validarse como actor político, mediante un operativo espectacular como ese.

El FPMR había sido creado en 1983 por el Partido Comunista de Chile, para entregar los componentes técnicos militares más complejos en la implementación de la Política de Rebelión Popular de Masas (PRPM). Era un dispositivo con disciplina militar, clandestino y compartimentado, que contaba con una dirección nacional de seis miembros, los cuales poseían el grado de comandantes. El responsable máximo era Raúl Pellegrín, un joven hijo de una familia exiliada y formado militarmente en Cuba, quien usaba el nombre de “José Miguel”.

Antes de su división, el FPMR dependía directamente de la comisión militar del PC, que le entregaba los lineamientos generales para su accionar. Desde el 14 diciembre de 1983, el Frente realizó acciones de diferente envergadura, que iban desde bombazos a torres de alta tensión y ataques a recintos militares y policiales, hasta operaciones complejas como el desembarco de armas en Carrizal Bajo y el atentado al general Augusto Pinochet. También realizó secuestros como los del cabo de Carabineros Germán Obando, y del teniente coronel de Ejército Mario Haeberle, jefe de protocolo de la Guarnición de Santiago. Ambos fueron liberados a las pocas horas sin mayores complicaciones. Según el FPMR, estos plagios buscaban dialogar con las Fuerzas Armadas y enviarles un mensaje.

El FPMR se dividió luego del fracaso de las operaciones estratégicas de Carrizal Bajo y el atentado a Pinochet, en el llamado “año decisivo” de 1986. A mediados de 1987, varios jefes frentistas no aceptaron las nuevas disposiciones de la comisión militar del PC, que limitaban las operaciones militares y desmantelaban algunas estructuras de combate. Los comandantes renegados emigraron junto a parte importante de la militancia, el armamento y la infraestructura, para dar vida a una organización independiente del partido, el FPMR-A. Su líder era Raúl Pellegrín, “José Miguel”.

Cinco de los seis integrantes de la dirección nacional se fueron con los autónomos, según un frentista que pide identificarse con el alias de “El Sureño”. Según esta fuente, también se fue la mayor parte de las estructuras de Santiago, además de las de la Quinta, Sexta y Séptima regiones.

Los combatientes que estaban encarcelados en su mayoría permanecieron fieles al PC; las bases de apoyo en Argentina fueron disputadas entre ambos grupos. En Europa las bases en Holanda y en Bélgica quedaron en buena parte en manos de los autónomos. En Cuba los renegados fueron recibidos, pero el apoyo del régimen castrista quedó en duda. Es muy difícil establecer cuántos miembros tenía la nueva agrupación, así como su poder de fuego.

Entre el 15 y el 16 de junio de 1987, justo cuando el Frente se estaba separando, agentes de la CNI asesinaron a 12 combatientes, entre ellos algunos jefes importantes. La llamada “Operación Albania”, como se conoció a la masacre, planteó dudas sobre la capacidad que tenía el FPMR-A para sobrevivir sin el apoyo partidario.

Para revertir precisamente esas dudas, el nuevo aparato se propuso realizar una acción espectacular, que le permitiera instalarse como un actor político relevante, en momentos en que la oposición a Pinochet comenzaba a transitar hacia el mecanismo institucional del plebiscito de 1988. La idea era secuestrar a un alto oficial de Ejército, sin mando de tropas, ni que estuviera comprometido en actos represivos. El militar debía ser retenido por un corto tiempo, y a cambio de su libertad se pediría la publicación de un llamamiento al pueblo de Chile y la entrega de materiales de construcción en las 13 poblaciones más combativas de la capital, detalla el libro “Operación Príncipe”, de Roberto Bardini, Miguel Bonasso y Laura Restrepo, que narra la versión oficial del FPMR-A sobre el secuestro.

No obstante, el plan original sufriría modificaciones, principalmente debido a que los secuestradores no previeron que el general Augusto Pinochet y los altos mandos de las Fuerzas Armadas se opondrían a cualquier negociación.

Almirante José Merino, luego del secuestro de Carlos Carreño. 1 de septiembre de 1987.

“Ojalá no me encuentren”
El vehículo de recambio que transportaba a Carreño fue ingresado en una casa-prisión, ubicada en una comuna del sur de Santiago. El oficial fue introducido en un barretín subterráneo. El escondite medía tres metros de largo por tres de ancho y contaba con una reja al medio que dividía el espacio en dos partes. En el sector del prisionero había una colchoneta. En el otro lado de la reja vigilaba constantemente un rodriguista enmascarado, armado y con órdenes de no hablar con el cautivo.

Los dueños de casa eran una pareja conocida en el vecindario, sin vinculación política aparente y que siguió con su rutina habitual. En total los custodios eran cinco, armados con fusiles M-16, escopetas, armas cortas y explosivos artesanales. Los únicos que salían de la residencia eran los dueños de casa, lo que aseguraba un enmascaramiento casi total.

A los pocos días, con las condiciones de encierro algo más relajadas, Carreño y sus carceleros comenzaron a conversar de ejércitos, grandes batallas, de historia de Chile y de Latinoamérica; el coronel se mostraba receptivo y respetuoso ante los puntos de vista de sus plagiadores. Estas charlas iniciales serían distintas al interrogatorio al que fue sometido el militar más adelante, cuando ya había sido sacado de Chile. Varias semanas después Carreño tendría que responder sobre los detalles de una secreta venta ilegal de armas a Irán, de la cual era una pieza clave y que, por lo mismo, había sido abortada con su secuestro.

Mientras tanto, en la calle, el régimen militar iniciaba un gigantesco operativo de búsqueda, movilizando policías y cientos de efectivos militares. Se trataba de operaciones rastrillo, masivos allanamientos de poblaciones, copamientos de barrios y controles callejeros.

Cardenal Raúl Silva Henríquez, a raíz del secuestro de Carreño, 10 de septiembre de 1987

En cierto momento una patrulla de carabineros y militares en operaciones de búsqueda llegó hasta las cercanías de la casa-prisión. En el barretín, los celadores de Carreño le quitaron el seguro a las armas y se prepararon para lo peor. Otro frentista bajó, le dijo al prisionero lo que estaba pasando y le aseguró que si daban con el lugar nadie saldría vivo. “Ojalá que no me encuentren”, musitó el oficial.

Los efectivos pasaron por la acera de enfrente y siguieron de largo.

Sólo tres días después del secuestro, el ministro de Defensa, almirante Patricio Carvajal, descartó por completo un eventual canje del coronel Carreño por presos políticos. “Nosotros tenemos la doctrina de que si somos secuestrados no vamos a ser canjeados”, recalcó.

Almirante Patricio Carvajal, ministro de Defensa. 4 de septiembre de 1987.

Este temprano portazo a una negociación, además de la desproporcionalidad de la búsqueda, levantaron entre los frentistas una sospecha: parecía que a los militares no les importaba hallar a Carreño vivo o muerto.

Por último, entre el 9 y el 10 de septiembre la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), el Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE) y la Central Nacional de Informaciones (CNI), secuestraron a cinco frentistas. Se trataba de Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola. Parecía ser el viejo mensaje del “cinco por uno”: por cada uno de los nuestros cinco de los suyos. Una nueva demostración de fuerza.

Un cassette para Pinochet
Desde el comienzo de la operación el FPMR-A había designado un grupo especial, para que tomara contacto con la familia de Carreño y así negociar su liberación. Por su parte, la familia pidió al sacerdote argentino Alfredo Soiza-Piñeiro, provicario de la zona oriente de Santiago, que la representara cuando los plagiadores abrieran el canal.

Pero la cada vez mayor intransigencia del régimen comenzó a dilatar cualquier atisbo de liberación. Dos semanas después del secuestro, el 14 de septiembre de 1987, los hermanos de Carreño y su esposa, Loreto Rojas, se reunieron con el vicecomandante en jefe del Ejército, general Santiago Sinclair, para pedirle priorizar la vida del coronel. Sinclair, sin embargo, les reiteró que no negociarían con terroristas. Además, se negó a recibir un cassette con una grabación que el prisionero le envió a Pinochet, solicitándole poner fin a la represión política. Entrevistado en junio de 2011 por el programa Contacto, de Canal 13, Carreño relató que esa vez Sinclair dijo que probablemente estaban ante un autosecuestro, para obtener dinero.

La familia Carreño concluyó que ni el Ejército ni el gobierno estaban de su lado.

Se cumplen las exigencias
El 2 de noviembre fue detenida por agentes de la CNI la estudiante de idiomas Karin Eitel, de 26 años, acusada de ser la vocera del FPMR-A en el plagio. La joven estuvo más de un mes incomunicada en recintos de la CNI y de Investigaciones. Fue cruelmente torturada. El 3 de diciembre de 1987 Eitel aparecería interrogada en un programa especial de Televisión Nacional de Chile. Dijo ser integrante del FPMR-A y que efectuó las llamadas para contactar a la familia del militar, pero la emisión era tan burda y la mujer estaba tan ida que era evidente que hablaba bajo apremios.

A casi tres meses del secuestro, nada se sabía de la suerte del coronel.

El 25 de noviembre, en el Arzobispado de Santiago, el sacerdote Soiza-Piñeiro y la mujer de Carreño, cumplieron la primera exigencia de los rodriguistas: dieron a conocer una proclama del FPMR-A que llamaba a la sublevación popular y que calificaba el secuestro como una forma de hacer ver a las fuerzas armadas su error de respaldar a Pinochet. Luego, el sacerdote y Loreto Rojas anunciaron que al día siguiente repartirían materiales de construcción en las poblaciones acordadas, con lo que cumplirían el segundo requerimiento. Por último, exigieron la liberación del militar en 24 horas.

Los plazos se aceleraron. El 2 de diciembre, el FPMR-A hizo llegar a una agencia de noticias de Buenos Aires un comunicado, donde afirmaba que la entrega era inminente, sin aclarar fecha ni lugar. El fiscal militar Fernando Torres Silva –quien llevaba la investigación sobre el secuestro- reaccionó a la noticia con su tradicional aplomo: aseguró que el coronel permanecía en territorio nacional.

En el momento de esa declaración Carreño se encontraba a más de cuatro mil kilómetros, en un departamento de Sao Paulo, Brasil, después de haber sido sacado del país clandestinamente.

El coronel y sus secretos
El militar había sido sacado del país en una camioneta de última generación, a través del paso fronterizo de Aguas Negras, en la Cuarta Región. Antes del viaje, el jefe de sus custodios le explicó que sería liberado, pero que debía colaborar en el éxito de la travesía.

El oficial estaba irreconocible. Tenía el cabello pintado de negro y grandes bigotes, llevaba anteojos oscuros para simular una ceguera y portaba un pasaporte uruguayo.

En la ciudad argentina de San Juan la tropa que lo sacó fue remplazada por dos hombres y una mujer. Años después, según un artículo del diario La Tercera del 13 junio de 2010, Carreño declararía a la justicia chilena que en Buenos Aires fue sometido a un último y largo interrogatorio, grabado con una cámara. Sus captores querían saber sobre las secretas negociaciones de una venta de armas a Irán, en las que él estaba involucrado.

A Carreño le pareció muy extraño que tuvieran información de un asunto tan delicado, “que no tenían por qué saber”, diría posteriormente a la justicia. El tema eran las tratativas de FAMAE, dependiente del Ejército, para vender a Irán bombas “Avispa”, de fabricación nacional, en momentos en que ese país estaba en guerra con Irak. Como sobre Irán pesaba un embargo de la ONU, la venta tenía que ser secreta. Sin embargo todo se complicó cuando una de las bombas de pruebas falló y destruyó un caza iraní. Según contó Carreño al magistrado, el régimen de Teherán puso como condición para la firma del contrato “la entrega de un avión F-5 de la Fuerza Aérea de Chile, en compensación al siniestrado durante las pruebas en Irán”, consignó el artículo ya citado de La Tercera. Es decir, un negocio que era del Ejército habría terminado afectando a la FACH, que a su vez tenía una estrecha cercanía con el empresario armamentista Carlos Cardoen, competidor de FAMAE.

El caso es que un día antes de que Carreño viajara a Irán a cerrar el trato, el militar fue secuestrado y el millonario negocio quedó en nada, lo que hoy abre dudas sobre cuáles fueron las reales motivaciones del secuestro. Una de las hipótesis posibles es que el FPMR-A pudo estar infiltrado por algún servicio de inteligencia chileno interesado en abortar el acuerdo con Irán.

Carreño aseguraría años después que contestó “lo mínimo posible” al inquietante interrogatorio. Como una de sus piezas clave, sabía de sobra que el tema era altamente sensible para el Ejército y, por lo tanto, para la dictadura de Pinochet.

La opción belga
Luego de cruzar el norte argentino, el segundo equipo del FPMR-A llegó hasta la ciudad brasileña de Sao Paulo, donde otra cuadrilla se haría cargo de la fase final de la “Operación Príncipe”.

El Frente explicaría que lo liberaron en Brasil porque el hecho debía tener gran impacto mundial y para evitar que fuera asesinado por agentes de seguridad chilenos, que podrían culpar luego a los rodriguistas. Además, Carreño tenía familiares en Brasil y hablaba algo de portugués.

Según fuentes del FPMR-A, el plan original era entregarlo en Bélgica, para lo cual el equipo exterior, que contaba con apoyos internacionales, tenía disponible un avión ambulancia que lo llevaría como enfermo hasta esa nación europea. Así, el golpe publicitario sería mucho más impresionante. ¿Por qué la opción belga no prosperó? Según un colaborador de un miembro de la dirección nacional del FPMR-A -quien participó en la liberación- porque el equipo que lo llevó hasta Sao Paulo se atrasó en su tarea, y porque el cura Soiza-Piñeiro se adelantó en la entrega de materiales.

Se optó entonces por contactar a un medio periodístico de Sao Paulo que pudiera recibir al oficial y, de paso, tener la exclusiva de su liberación. Hablando con el responsable máximo de la liberación, un frentista de chapa “Roberto Torres”, el periodista argentino Miguel Bonasso recomendó el diario O Estado de Sao Paulo, donde trabaja un periodista chileno, Cristián Bofill. “Roberto Torres” acogió la idea. Según una nota de El Mostrador publicada en septiembre de 2007, “Torres” era en realidad el frentista Enrique Villanueva Molina, también conocido como el “Comandante Eduardo”.

El coronel está nervioso
El 3 de diciembre de 1987, a las 17:00 horas, el periodista Cristián Bofill, entonces de 27 años, se aprestaba al cierre de la edición del día en O Estado de Sao Paulo cuando recibió una llamada. Era un tipo que decía ser el coronel chileno Carlos Carreño Barrera, que acababa de ser liberado por sus captores y que pedía ser recibido en el diario. El reportero pensó que lo más probable es que se tratara de un loco. Sin embargo, por las dudas aceptó. Poco más tarde Bofill recibió otra llamada, esta vez de “Roberto Torres”, quien le confirmó la noticia y le dio a conocer los motivos políticos del secuestro.

Carreño llegó a la entrada del diario en un taxi Opala blanco, vestido con un impecable terno claro y exhibiendo una amplia sonrisa. No parecía alguien que hubiera estado secuestrado por tres meses.

-Buenas tardes, soy el coronel Carlos Carreño. Gracias a Dios todo terminó bien.

A Bofill le bastó escuchar el inconfundible acento chileno para saber que era cierto.

“El tipo estaba impecable. Dijo que había estado bien, que había sido bien tratado. Y ya cuando llegamos se revolucionó el diario”, recuerda el periodista, quien luego de que un fotógrafo captara el ingreso del militar al diario comenzó inmediatamente a hablar con él, para luego entrevistarlo. “Fui tratado como un prisionero de guerra”, fue una de sus frases.

En el diario pudo hablar telefónicamente con su esposa y otros familiares, a quienes aseguró que estaba bien. Si bien en algunos momentos lloró de emoción, especialmente al hablar con su mujer, Bofill lo recuerda relajado, hasta de buen humor. Sin embargo, todo ese aplomo comenzó a cambiar a medida que empezó a hablar telefónicamente con sus pares de Ejército, quienes al parecer lo recibieron con una frialdad que no esperaba.

Habló primero con el agregado militar chileno en Brasil, el coronel Eugenio Videla. La conversación partió de manera extraña. Videla le comenzó a preguntar por detalles que sólo dos viejos conocidos podían saber. “Una pregunta tenía que ver con el nombre de cierta cancha de fútbol donde jugaban ambos en determinada época”, recuerda Bofill. El agregado militar quería cerciorarse de que se trataba de Carreño.

Coronel Carlos Carreño, horas después de su liberación en Brasil. 3 de diciembre de 1987.

El semblante del coronel cambió definitivamente cuando habló con su superior, el director de Famae y general de Ejército Renato Varela. “(Carreño) Se puso de pie y fue una cosa impresionante: Empezó a decir ‘sí mi general, sí mi general’”, cuenta Bofill, quien plantea que Carreño estaba muy preocupado por la reacción de sus pares militares en Santiago. “No dejaba de ser raro que hubiera llegado a un diario, en vez de ir a una comisaría o al consulado de Chile. Mi impresión personal es que él temía que le pasara algo, y que quería que se supiera que había sido entregado vivo”.

“¿Qué están pensando ustedes?”
Carreño abandonó el diario paulista muy tarde esa noche, rumbo a la casa del cónsul chileno adjunto en la ciudad, Jaime Erpel. Unas dos horas después, custodiado por varios agentes chilenos de civil, una comitiva con el ex secuestrado en su interior partió a toda velocidad rumbo a Guarulhos, el aeropuerto internacional de Sao Paulo. En la terminal lo esperaba un avión Cessna Gulfstream del Ejército chileno, por entonces de uso exclusivo del general Augusto Pinochet.

Caminó al avión rodeado de seis escoltas chilenos, mirando hacia adelante y con el rostro temblando. No respondió ninguna de las preguntas de los periodistas que cubrían su salida. Algunos reporteros fueron agredidos a manotazos y empujones por los escoltas de civil; uno cayó al piso, lanzado lejos.
Fue entonces que intervino el jefe de la Policía Federal de Sao Paulo, Marco Antonio Veronezzi.

-¿Qué están pensando ustedes? -gritó a los agentes chilenos, levantando ostensiblemente los brazos- Esta no es su casa. Vamos a mantener la calma aquí.

El periodista Cristián Bofill, testigo de la escena, recuerda que uno de los escoltas que rodeaba a Carreño era el CNI Álvaro Corbalán.

Desde el aeropuerto de Santiago Carreño fue llevado al Hospital Militar, donde quedó varios días internado. Luego de que fue dado de alta, muy poco se volvió a saber de él.

Una de las pocas veces en que ha vuelto a ser noticia ha sido para prestar testimonio ante la justicia civil chilena, luego del retorno a la democracia. Lo hizo ante el juez Mario Carroza en julio de 2009, ministro en visita por la desaparición de los cinco frentistas que fueron detenidos por los aparatos de seguridad cuando Carreño estaba secuestrado. Una de las investigaciones anexas tenía que ver con la “Operación Príncipe”. Carreño planteó que en su caso el FPMR-A pudo haber sido manipulado, producto de una infiltración de la inteligencia castrense, debido a la pugna originada entre el Ejército y la FACH: “He llegado a la conclusión de que el Ejército o la Fuerza Aérea se coludió con algún organismo de izquierda para realizar mi secuestro”.

Coronel (R) Carlos Carreño ante el juez Mario Carroza, Julio 2009

Una de sus principales pruebas en esa línea es un episodio ocurrido luego de su liberación. Cuando estaba en su despacho en FAMAE llegaron efectivos del DINE del Ejército, contó al juez. Agregó que se lo llevaron para mostrarle el mismo vídeo que habían grabado sus captores del Frente en Buenos Aires, esa vez que le preguntaron por el negocio de las armas. “Ignoro cómo dicho video llegó a las manos del DINE”, declaró.

Han pasado casi 27 años de la “Operación Príncipe”. Nunca se hallaron los cuerpos de los cinco militantes del FPMR-A secuestrados. La investigación del ministro Carroza estableció que fueron asesinados luego de la liberación del coronel Carreño, llevados hasta los terrenos del Ejército en Peldehue y posteriormente lanzados al mar en las costas de San Antonio. Por este caso, el de los últimos detenidos desaparecidos de la dictadura, fueron condenados en primera instancia 34 ex agentes de la CNI, entre ellos el mayor (R) Álvaro Corbalán.

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