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Conejillos de Indias

por Alejandra Matus

Conejillos de Indias

En diciembre de 1981, cuatro prisioneros políticos y cuatro presos comunes que compartían celda fueron envenenados. Era una de las pruebas para probar la efectividad de las armas químicas desarrolladas por los servicios represivos de la dictadura. De los ocho envenenados, dos murieron. Uno de los sobrevivientes, Ricardo Aguilera, recuerda el episodio que inspiró el séptimo capítulo de Los archivos del cardenal.

A

los nueve años, a Ricardo Aguilera le gustaba juntarse con hombres de trabajo, con obreros forjadores, soldadores, cerrajeros, de quienes aprendía sus técnicas. De ellos también escuchaba historias. Como la de un carabinero que había sido cruel y violento con los prisioneros de Pisagua, durante la aplicación de la Ley Maldita, y que ahora vivía a cuadras de su casa. Ricardo no entendía por qué los obreros toleraban su presencia y no iban a su casa a enfrentarlo. El niño pensaba que los adultos eran «aponchados».

Más tarde, Ricardo entraría a estudiar a la Escuela Experimental Artística de Quinta Normal, en Santiago. Allí conoció el mundo de la izquierda. Le atrajo el MIR y durante los años sesenta y principios de los setenta fue dirigente estudiantil y presidente del centro de alumnos. Al salir, montó un taller de cerrajería y realizó tareas de apoyo logístico para el MIR. «Yo ayudaba a preparar escondites, previendo lo que podría pasar», recuerda.

Tras el golpe, siguió trabajando con su nombre verdadero y haciendo clases en la Escuela Artística. De sus compañeros de militancia no supo por un buen tiempo y eso quizás le salvó la vida, porque cuando en 1974 lo detuvo el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA), no sabía nada que pudiera interesarles. «Nadie me conocía a mí y yo no conocía a nadie, así que tras diez días de prisión me dieron la libertad». Luego Ricardo tomó contacto con dirigentes del MIR, que siguieron contando con él para tareas de apoyo.

El año 1981 fue particularmente duro. Numerosos militantes del MIR que habían regresado en forma clandestina fueron asesinados. El 18 de noviembre, en tanto, el grupo armado asesinó a tres policías de Investigaciones que escoltaban al jefe de Estado Mayor presidencial, general Santiago Sinclair.

Por esa fecha, Ricardo Aguilera caminaba por la calle con tres amigos. Una patrulla los detuvo y les pidió sus carnés de identidad. El paso previo por la SIFA y su militancia en el MIR fueron razones suficientes para arrestar a Aguilera, quien fue llevado a un cuartel de Investigaciones ubicado en Macul con Las Encinas. Los policías encontraron un papelito escondido en la pretina de su pantalón que contenía instrucciones políticas. Decidieron allanar su casa y allí se encontraron con una sorpresa: tenía oculto a uno de los miristas que había ingresado clandestino a Chile en la Operación Retorno. Este también fue arrestado, junto con Elizardo Aguilera, hermano de Ricardo.

El grupo sufrió las torturas clásicas: pau de arara, manguereo, parrilla eléctrica y golpes durante diez días infernales. Los policías querían que Aguilera les diera información sobre el aparato militar del MIR. Querían nombres y estructura. Ricardo no sabía nada de eso, pero los agentes no le creían porque, para ellos, que tuviera oculto en su casa al mirista retornado era prueba de su nivel de compromiso. «Lo que ellos no sabían era que el MIR estaba pasando por un momento muy difícil. Los compañeros en la clandestinidad vivían en situaciones muy precarias y tampoco era fácil encontrar a alguien que te dejara pasar una noche en su casa», relata.

Los hermanos Aguilera irían a dar a la Cárcel Pública, donde sufrirían un sofisticado intento de envenenamiento por parte de los servicios secretos de la dictadura.

Aguilera ríe al recordar que, muchos años más tarde, el inspector Nelson Jofré –el hombre que descubrió en gran parte el entramado de las armas químicas que nos ocupa– tampoco le creyó que él hubiese sido un simple militante del montón y no un blanco escogido para ser eliminado. «A nosotros no nos escogieron para matarnos por nuestra importancia, sino como conejillos de Indias», dice.

El envenenamiento
La justicia militar condenó a Ricardo Aguilera y a su hermano Elizardo por conspiración en regreso clandestino y los envió a la Cárcel Pública a cumplir su condena. Allí estuvieron en la Galería Nº 2, donde había presos políticos, uniformados reos por distintas causas y presos protegidos por Gendarmería para evitar agresiones de la población común, como los pedófilos.

Los hermanos Aguilera formaron una «carreta» con Guillermo Rodríguez y Adalberto Muñoz, otros dos presos políticos. Eso significaba que sus miembros se cocinaban y compartían los alimentos que les enviaban sus familiares. En la misma calle había una carreta de presos comunes que raramente recibían visitas y debían conformarse con la alimentación que les daba el penal. Los presos políticos compartían con ellos los alimentos que les llegaban en mayor abundancia.

El 7 de diciembre, Guillermo Rodríguez despertó con síntomas de intoxicación grave: vómitos, diarrea, una rara pérdida de visión y mareos. No pudo levantarse ni salir a la visita. Fue enviado a la enfermería y allí se le dejó en observación por gastritis. Paulatinamente, sus compañeros comenzaron a sentir los mismos síntomas. También los cuatro presos comunes que compartían las comidas con ellos: Víctor Corvalán Castillo, Héctor Pacheco Díaz, Enrique Garrido Ceballos y Edgardo Flandes Soto.

En una de las visitas, Ricardo Aguilera escribió una nota que su familia hizo llegar a la Vicaría de la Solidaridad. Contaba que habían enfermado abruptamente y pedía que les mandaran remedios para el estómago.

La abogada Rosemarie Bornand llegó al centro hospitalario acompañada del doctor Manuel Almeyda; pidieron que el profesional fuera autorizado a revisar a los enfermos, pero el permiso les fue negado. El gendarme que los trasladó a la enfermería testificaría luego que los presos parecían dopados, porque les costaba hablar. En sus primeros diagnósticos, los profesionales anotaron gastritis aguda o intoxicación con alcaloide. Todos los envenenados comenzaron a perder la visión y el habla, y se les produjo una invalidez muscular que les impedía mantenerse en pie.

El 9 de diciembre, cuando los enfermos se agravaron considerablemente, tres de ellos fueron trasladados desde la enfermería al Hospital Penitenciario. En el trayecto murió el preso común Víctor Corvalán. Más tarde llegaron los otros cinco.

El jefe del Hospital Penitenciario entonces, Jorge Mery, llegó a la conclusión de que esos síntomas no correspondían a una gastritis ordinaria y se comunicó con el Centro Toxicológico, donde le sugirieron que podrían estar intoxicados con chamico, un alcaloide que se consume en los penales. Mery, según su testimonio judicial, pidió al Instituto Médico Legal que les realizaran exámenes toxicológicos de urgencia, pero esa entidad se negó diciendo que no contaba con personal para responder al pedido durante la noche. Similar respuesta obtuvo el profesional en el Instituto de Salud Pública. Tendría que esperar hasta el día siguiente.

Mery relata que Elizardo Aguilera era el más grave y que tuvo que administrarle oxígeno, pues había perdido la conciencia y le costaba respirar: «A las 22.30 horas, junto con el doctor Martínez (jefe de la enfermería penitenciaria) y el médico interno residente Víctor Pérez, nos reunimos en la dirección del hospital para evaluar la situación y afinar el diagnóstico causal de estos cuadros tóxicos. Yo planteé el diagnóstico de intoxicación botulínica, cuadro excepcionalmente raro, pero que los conocimientos que uno tiene coincidían con los que debían tener los pacientes», dijo el doctor Mery en la declaración judicial, que se guarda en los archivos de la Vicaría de la Solidaridad.

No obstante, el traslado a hospitales con mayor equipamiento para tratar a los enfermos fue obstaculizado por Gendarmería, cuya prioridad seguía siendo la seguridad. Según dirían las autoridades de la época a la prensa, temían que todo fuera un «plan macabro» de fuga.

El 10 de diciembre, después de que un neurólogo confirmase el diagnóstico de Mery, los prisioneros fueron distribuidos en diferentes centros hospitalarios: la Posta Central y los hospitales San Juan de Dios, El Salvador y del Tórax.

Los exámenes toxicológicos practicados por el Instituto Médico Legal señalarían que los enfermos no presentaban rastros de tóxicos corrientes en cantidades detectables. Pero los médicos ya no tenían dudas de que se trataba de botulinia y mantuvieron a los presos conectados a respiradores artificiales mientras se esperaba la llegada de la antitoxina, pues en Chile no existía. La prensa tardaría casi un mes en mencionar que se trataba de esa toxina y, en un primer momento, atribuirían su presencia al uso de tomates en conserva.

Como saliendo de Auschwitz
Ricardo Aguilera recuerda que lo primero que sintió fue un gran cansancio, náuseas y pérdida de la visión, hasta que perdió toda la capacidad de moverse: «Los enfermeros nos dejaban así de lado, porque no podíamos hacer nada, pero yo recuerdo que me mantuve consciente. Y escuchaba a los médicos cuando decían: “Este de esta noche no pasa”».

También rememora una noche en que oyó a un médico de turno que gritaba: «¡Usted manda en su cuartel, pero aquí mando yo!».

«Querían engrillarnos y dejarnos bajo custodia del personal de la CNI. La Posta estaba rodeada de autos sin patente y personal de civil, además de carabineros y gendarmes. Ellos nos consideraban los súper terroristas, que íbamos a ser rescatados a sangre y fuego por un comando al estilo Rambo. Pero la gente de la Posta se portó súper bien. Ellos nos veían ahí al borde de la muerte y nunca se tragaron esos cuentos. Nos cuidaron con una gran dedicación y se las arreglaron para meter a nuestros familiares disfrazados de enfermeros. Hasta hoy les estoy agradecido y los recuerdo con mucho afecto», dice.

Los prisioneros siguieron en estado crítico por otros quince días. El 21 de diciembre murió otro de los presos comunes, Héctor Pacheco.

Paulatinamente, los sobrevivientes comenzaron a recobrar la movilidad y a respirar por sí mismos. «No teníamos músculos. Mi cuerpo parecía un esqueleto cubierto de piel. Me sentía como un prisionero de Auschwitz», recuerda Aguilera.

«Yo no entendía nada. En un primer momento pensé que era una infección estomacal, porque en la calle donde estábamos por una pared nos chorreaban aguas servidas. Cuando yo mandé la nota a la Vicaría lo hice pensando que teníamos tifus o algo así. Nunca me sentí blanco de un intento de asesinato».

No obstante, en las primeras declaraciones judiciales de otros presos se hablaba ya de la posibilidad de envenenamiento de los presos políticos y del posible involucramiento de los reos de las Fuerzas Armadas recluidos en el mismo penal. Nada de eso pudo aclarar el tribunal que investigó el caso en su momento.

Una vez que fueron dados de alta, los presos fueron enviados de vuelta a la cárcel y necesitaron un mes de terapia para aprender a caminar. Aguilera siguió en prisión hasta 1983 y al ser liberado viajó a Francia, país que le otorgó asilo político. Regresó a Chile en 1992.

El temible poder de un país pequeño
El doctor Mery dijo en su declaración judicial que era improbable que la bacteria que produce el botulismo –Clostridium botilinus– se produjera por descomposición de los alimentos, y que lo más probable era que «se pudiese haber agregado en alguna forma alguna toxina u otro cuerpo a los alimentos».

La comida que compartieron los presos políticos con los comunes en esos días provino de los familiares de los primeros, quienes entregaban los víveres a Gendarmería, cuyo personal los recibía y los pasaba más tarde a un «mocito» que los llevaba finalmente a la «carreta». Se estableció en su momento que había una discrepancia entre los víveres recibidos por Gendarmería y los que había anotado el mocito, pero el tribunal no logró establecer cómo ni quién añadió la toxina y cerró la causa, por homicidio y homicidio frustrado, sin encontrar culpables.

Muchos años más tarde, emergieron nuevas pistas con el descubrimiento del laboratorio químico de Michael Townley y las revelaciones sobre los experimentos del ingeniero Eugenio Berríos, asesinado en Uruguay para que no declarase en el caso por el crimen de Orlando Letelier, reabierto en 1990. Estas pistas motivaron a la familia del expresidente Eduardo Frei Montalva a pedir, el año 2000, que se investigara su muerte como homicidio, pues había sufrido un shock séptico en los mismos días en que los prisioneros de la Cárcel Pública padecían el envenenamiento.

Por estas y otras coincidencias, el mismo ministro en visita que asumió el caso Frei, Alejandro Madrid, aceptó investigar paralelamente el envenenamiento de los prisioneros, entre otras causas relacionadas. En la querella presentada por el abogado Héctor Salazar en nombre de los hermanos Aguilera, afirma que «la toxina botulínica es la sustancia más venenosa conocida. Un simple gramo de toxina botulínica, dispersada e inhalada, podría matar a más de un millón de personas».

En el proceso se ha logrado establecer que la toxina ingresó a Chile desde Brasil en agosto de 1981, y que fue importada por valija diplomática, a través de la Cancillería. Como la Cancillería estaba en La Moneda, fue retirada desde allí por personal del Instituto de Salud Pública y entregada luego a un laboratorio químico que el Ejército tenía en calle Carmen.

Álvaro Varela, abogado de la familia Frei, resalta que tras la muerte del ingeniero químico Eugenio Berríos la justicia allanó el dormitorio que sus padres mantenían intacto. Berríos, hijo único, tenía allí recortes de prensa sobre la muerte de Frei y sobre los envenenados. «Por alguna razón él guardó recortes sobre estos dos hechos en particular», afirma.

«Después de lo que nos pasó, yo me he dedicado muchos años a estudiar sobre esta toxina. Lo que se sabe es que las grandes naciones ya la tenían caratulada como arma biológica. Lo sorprendente es que un país como Chile la haya obtenido y que haya logrado transformarla de alguna forma para que se pudiera inocular en los alimentos, porque, por lo que se sabe, la bacteria es muy frágil y muere en contacto con el oxígeno. Los franceses, que nos dieron visa, estaban muy interesados en averiguar más sobre esto», dice Aguilera.

Como se dijo, la conclusión que se ha formado el exprisionero con los años es que la CNI los usó como conejillos de Indias para probar su descubrimiento.

Según Aguilera, el ministro Madrid habría logrado establecer que la toxina se añadió en la ropería –el lugar donde se recibían los alimentos– a los tomates, la carne o la fruta que comieron poco antes de enfermar. El abogado Salazar añade que el juez Madrid está muy cerca de dictar procesamientos en este caso, pues habría logrado reconstruir gran parte de este misterio.


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