El hombre tras Ramón Sarmiento

El joven abogado que en Los archivos del cardenal interpretó el actor Benjamín Vicuña se inspiró en varios funcionarios de la Vicaría de la Solidaridad. No obstante, si hay una historia que se asemeja a la del protagonista es la de Álvaro Varela Walker, quien, como Sarmiento, desafió a sus padres al trabajar en la Vicaría, fue apresado y torturado por la DINA, y se enamoró de una funcionaria que pololeaba con un militante del MIR. Su experiencia es también un viaje al corazón de la entidad que defendió los derechos humanos de los chilenos durante la dictadura.

Á

lvaro Varela creció en una familia «muy alessandrista». Su padre, Hernán Varela Guevara, ex cadete de la Escuela Naval, fue uno de los fundadores del Centro de ex Cadetes y Oficiales de la Armada Caleuche, agrupación que suele reunir a lo más granado de la «familia naval». Álvaro, el menor de tres hermanos, estudió en The Grange School, y fue allí donde conoció visiones menos tradicionalistas que las de su familia. Por ejemplo, su profesor de historia, Sergio Riquelme, lo hizo leer En vez de la miseria, de Jorge Ahumada, e influyó en las posturas políticas de izquierda que adoptaría el joven estudiante en el futuro.

Varela fundó y presidió el primer centro de alumnos del Grange. Luego el joven, de cabello castaño y liso, entró a estudiar Derecho en la Universidad de Chile y cuando cursaba el tercer año, en 1971, se incorporó al MAPU. Fue elegido presidente del centro de alumnos de esa escuela en abril de 1972, en pleno gobierno de la Unidad Popular. La conquista de ese influyente centro de alumnos por partidarios de Allende tuvo tal relevancia política en ese momento que la directiva fue recibida por el mandatario en La Moneda.

Entonces se intensificaron las agrias discusiones en la casa de los Varela Walker. Especialmente, un día en que la ventana del dormitorio de Álvaro fue baleada por desconocidos.

La abogada Gloria Torres, compañera de curso de Varela y también militante del MAPU, recuerda que en una ocasión militantes de derecha golpearon a su amigo en la cabeza y lo dejaron con un TEC cerrado. En la clínica, se le acercó uno de los hermanos de Varela y la increpó duramente. «Él pensaba que era culpa de sus amigos que Álvaro tuviera ideas de izquierda; decía que nosotros le metíamos ideas en la cabeza. “Ustedes lo van a terminar matando”, me dijo».

Torres recuerda también que la familia de Varela era muy encantadora: «Nos juntábamos a estudiar en su casa y su mamá nos hacía unas onces exquisitas».

El joven cursaba el último año de su carrera cuando sobrevino el golpe de Estado. Con dificultad alcanzó a dar los exámenes para egresar, pero no pudo titularse. El nuevo fiscal general de facto, Miguel Otero Lathrop (quien años después sería senador y presidente de RN), incluyó el nombre de Varela en la lista de personas indeseables para la universidad y juró que nunca le permitiría titularse. De nada sirvieron los contactos familiares a los que acudió Varela para revertir la situación. El rector delegado de la UC, almirante Jorge Swett, compañero de promoción de su padre, rehusó aceptarlo en esa casa de estudios y el nuevo pro-gran canciller de ese plantel, monseñor Jorge Medina, le dijo que, si los militares lo habían expulsado, bien expulsado estaba.

En abril de 1974, enterado de que se había creado el Comité Pro Paz (el organismo antecesor de la Vicaría de la Solidaridad), el joven visitó al arquitecto Fernando Castillo Velasco, ex rector de la UC, y le pidió que lo presentara ante el organismo. Velasco lo puso en contacto con el entonces jefe del departamento jurídico, el abogado José Zalaquett, y Varela se sumó a un equipo de procuradores del cual él era el único hombre.

«En ese tiempo había un equipo de abogados externos que se hacía cargo de cierta cantidad de casos. Había profesionales muy prestigiosos, algunos de derecha, que, conmovidos por la situación, aceptaron llevar los casos. Entre ellos recuerdo al profesor de la Universidad Católica y ex ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Antonio Raveau, y a Ramón Suárez, quien llegó a ser subsecretario del Interior durante la dictadura; a Carlos Künsemüller, actual ministro de la Corte Suprema, Héctor Paul Errázuriz, Marcos Duffau y Roberto Garretón, quien más tarde se incorporaría a la Vicaría», recuerda Varela.

En el equipo interno, inicialmente solo estaban Zalaquett y las procuradoras a las que se sumó Varela. Ese grupo presentaba los recursos de amparo por los detenidos y luego las denuncias por presunta desgracia, cuando no aparecían. Se preparaban fichas con los casos, se presentaban denuncias ante organismos internacionales como la Comisión de Derechos Humanos de la OEA y la ONU, y ante otros especializados como la OIT cuando se trataba de temas sindicales. Paralelamente, un equipo de asistentes sociales prestaba la primera atención a las personas que llegaban a pedir ayuda y complementaban el servicio con apoyo económico o asistencia sicológica. Zalaquett, en su papel inicial de gran organizador, replicó la estructura en todo el país y la vinculó con una red de templos e iglesias.

Zalaquett recuerda que contrató a Varela como un joven procurador y que, como las demás integrantes del equipo, estaba muy motivado y era muy valiente. «El Comité Pro Paz se inició con cuatro o cinco personas, pero a los tres meses éramos ciento cincuenta. Inicialmente, solo ocho de treinta y tres obispos aceptaron sedes regionales, pero pronto se fueron agregando más y Santiago se dividió en zonas. El personal de la Vicaría creció pronto a trescientos funcionarios. En cuanto al Departamento Jurídico, junto a los procuradores fueron contratados seis o siete abogados, los que sumados a los treinta y cinco profesionales externos, y los departamentos de recepción y procesamiento de información, constituían un equipo de unos setenta y cinco profesionales».

Sobre el trabajo del equipo jurídico, Varela cuenta que «en el Poder Judicial nos iba mal en casi todo, pero con el tiempo nos dimos cuenta de que las acciones que emprendíamos salvaron la vida de miles de personas. En los Consejos de Guerra, por ejemplo, se logró conmutar las penas de gran cantidad de prisioneros que iban derecho a la pena de muerte». Y agrega: «Conocimos los relatos de muchos ex prisioneros que habían oído frases como: “Suave con este, que la Vicaría ya puso el amparo”».

Varela sostiene que presentaban por lo menos veinte recursos diarios y que los abogados del Comité, y luego de la Vicaría, alegaban en todas las salas de las cortes de Santiago. «La mayoría de los ministros eran unos lacayos de la dictadura. Nos hacían gestos de desagrado cuando nos veían llegar a los alegatos y nos volvían la espalda. Recuerdo un caso en que acompañé a Marcos Duffau. Como era costumbre, le pusieron el expediente sobre la mesa para que tuviera a la vista los antecedentes que usaría en su argumentación. Cuando lo abrió, encontró la sentencia ya redactada. Los jueces habían decidido rechazar su presentación antes de oírlo».

En manos de Osvaldo Romo
En julio de 1974, Varela estuvo a cargo de presentar la primera querella criminal contra el agente de la DINA Osvaldo Romo. Fue por abusos sexuales contra las moradoras de una casa en La Reina, en la que el organismo encabezado por Manuel Contreras había instalado una «ratonera»: los agentes forzaban a los moradores a aceptar su presencia en un domicilio determinado, a la espera de que llegaran militantes de izquierda a los que buscaban.

A Romo, quien había sido dirigente poblacional de la Unión Socialista Popular y muy cercano a sus pares del MIR durante el gobierno de Allende, le gustaba jactarse de sus acciones ante los prisioneros: habitualmente se presentaba con su nombre verdadero y a rostro descubierto. Por esa razón, fue uno de los primeros torturadores que el Comité Pro Paz pudo identificar.

En un acto inhabitual para la fecha, el juez del 12º Juzgado del Crimen que tramitó la querella, Tomás Dahm Guíñez, ordenó indagar la denuncia, e incluso identificó el domicilio particular del agente en La Reina. Como el juez vivía en la misma comuna, fue personalmente hasta la casa de Romo para tratar de interrogarlo.

En la madrugada del domingo 17 de noviembre de 1974, una patrulla dirigida por Romo detuvo a Cecilia Castro, ex compañera de Varela en la universidad, y a su marido, Juan Carlos Rodríguez, ambos militantes del MIR. El lunes, Varela presentó los recursos de amparo y, acompañado por un sacerdote, se paseó por la acera de la calle República de Israel con José Domingo Cañas, muy cerca de su casa, donde había un cuartel de la DINA en el que se creía que estaban Cecilia y su esposo.

Esa noche, durante la cena, comentó lo sucedido a sus padres. Un hermano suyo venía llegando de España, donde vivía. Normalmente, Varela no hablaba de su trabajo porque su familia se negaba a creer cualquier cosa que él contara. Pero como ellos conocían a la muchacha, que además era vecina, se los dijo. «Les conté que Cecilia y su esposo habían sido secuestrados. “En este país no se secuestra a las personas. Si están detenidas, hay que averiguar en qué unidad están”, me dijeron. Yo les dije que se los habían llevado agentes de civil, en bluyines, no en tenidas oficiales, en camionetas con patentes falsas argentinas. No me creyeron. Me respondieron que yo estaba enlodando a las Fuerzas Armadas. Tuvimos una discusión muy fuerte. Yo me paré de la mesa sin terminar la comida y me fui a mi pieza. Horas más tarde pasó lo mismo que yo les había contado, pero esa vez me tocó a mí», relata el abogado.

Y así fue. El 19 de noviembre de 1974, nuevamente en la madrugada, con el país en toque de queda, unos treinta agentes de civil rodearon la casa de los Varela. Los agentes llegaron en las clásicas camionetas Chevrolet C-10, con una lona sobre la parte trasera y patentes falsas. Se estacionaron de frente a la casa, apuntándola con un potente foco. Un grupo de ellos golpeó con violencia la puerta y gritó que les abrieran. El padre de Varela se asomó por una ventana y, al preguntar qué pasaba, los agentes le respondieron: «¡Buscamos al abogado Álvaro Varela!».

«Mi papá les abrió la puerta y entraron los agentes armados, todos de bluyines. Los acompañó a mi dormitorio, donde me hicieron levantarme a punta de metralleta. Al salir me encontré con las camionetas y, en medio, dirigiendo al grupo, vi a Osvaldo Romo. Lo reconocí de inmediato porque había visto sus fotografías. Los que me tomaron me llevaron y me pararon en frente suyo. La impresión fue tremenda. Yo tenía veintitrés años y sabía que todos los detenidos por Romo estaban desaparecidos. “¿Me subo adelante?”, pregunté, con la pachorra de quien se sabe perdido. “¡No, atrás, conchetumadre! ¡Ya vai a ver!”, me respondió Romo», relata el abogado.

El padre de Varela salió a la calle y el abogado intentó dictarle el número de la patente, a sabiendas de que era inútil porque vio que decía «Junín» y lo más probable era que fuese falsa. Varela fue vendado y obligado a tenderse en la parte trasera de la camioneta, cubierto por la lona. Le dieron varias vueltas y finalmente lo llevaron al cuartel de José Domingo Cañas con República de Israel. Varela lo supo porque reconoció los adoquines al bajarse. «Adentro, me cambiaron la venda por scotch. Supuse que me sacaron fotos y confeccionaron una ficha, preguntándome por mi nombre, mis apodos. Después, me tiraron a una pieza en la que había mucha gente. Estábamos en el suelo. Yo escuchaba muchos lamentos y gritos de los torturados. Así pasé toda la noche. A la mañana siguiente me sacaron y me llevaron vendado al segundo piso, a la sala de interrogatorios y tortura». Un grupo de agentes, a quienes no podía ver, lo golpeó con fiereza.

«Distinguí que el hombre que me interrogó tenía cierta cultura. Me preguntó por el colegio en que había estudiado y yo le di el nombre en inglés. Él anotó aparentemente sin equivocarse. También pronunció y tecleó sin titubear mi segundo apellido, Walker. Me pareció que sabía cómo se escribía porque no me lo preguntó dos veces, ni me pidió deletrearlo. Años más tarde llegué a la conclusión de que el oficial a cargo de mi interrogatorio era Miguel Krassnoff», recuerda Varela.

Después lo tendieron sobre un catre metálico y le aplicaron corriente. La clásica tortura conocida como «la parrilla».

Los agentes le dijeron que tenían ahí mismo a Cecilia Castro y a su esposo, y que en la agenda de ella habían encontrado su nombre y su número de teléfono. Varela sabía que decían la verdad, pues él mismo le había dado sus datos a Castro, para que lo contactara en caso de que «pasara algo». «Ellos querían que yo firmara una declaración, donde me reconocía como el vínculo entre el cardenal Raúl Silva Henríquez y el MIR. Me pusieron un papel y un lápiz para que firmara. Me dijeron que si firmaba me aseguraba la vida. Yo sabía que, por el contrario, mientras me negara no podrían matarme. No firmé y, como resultado, me dieron el castigo correspondiente».

Varela pasó largas horas en la sala de tortura y finalmente lo llevaron de vuelta al primer piso, a un cuarto donde había un solo detenido. En ese lugar, uno de los agentes le afirmó el cañón de un arma en la cabeza por varias horas, y cada cierto rato sus custodios lo amenazaban con fusilarlo.

Tal como hizo el padre del abogado Sarmiento en Los archivos del cardenal, tras la detención de Varela su padre alertó al Comité Pro Paz y luego recurrió a todos sus amigos, ex camaradas de armas y familiares, entre los que se contaba, aunque en segundo grado, el almirante José Toribio Merino. La madre del comandante en jefe de la Armada y miembro de la Junta Militar era prima del abuelo de Álvaro Varela. Todos ellos negaron que el abogado estuviese en manos de agentes del Estado. El Comité Pro Paz, en tanto, presentó un recurso de amparo en su favor. Como en cientos de casos que el propio abogado había tenido que tramitar, el Ministerio del Interior negó su detención.

Gloria Torres, que también trabajaba como procuradora en el Comité, recuerda que la detención de Varela se vivió allí con mucho miedo. «Él, otra procuradora –Verónica Matus– y yo veníamos todos de Derecho de la Chile y no nos habíamos podido titular por el golpe. Éramos muy unidos, y muy amigos también de Cecilia Castro y su marido. Ella era la líder de nuestro grupo. Con sus secuestros, Verónica y yo nos preguntábamos: “¿Cuándo vienen por nosotras?”».

La abogada relata que, sin embargo, los funcionarios de la Vicaría vivían en privado este tipo de trances. «Mi pareja, Juan Maino Canales, quien también era amigo de mis compañeros de curso, es un detenido desaparecido. Cecilia y su esposo, a quienes queríamos mucho, también desaparecieron. Pero nosotros teníamos que seguir adelante como si no nos pasara nada. No podíamos dejar de atender a la gente y salir corriendo. Lo que nos pasó fue que esas experiencias crearon lazos de amistad indestructibles entre nosotros».

Roberto Garretón, entonces abogado externo de la Vicaría, recuerda que el secuestro de Varela le causó un profundo impacto. «Yo lo veía casi todos los días. Él me pasaba los casos que yo debía alegar. Un día llegué a alegar siete veces en la Corte Suprema. Su secuestro me produjo una sensación de terror y de impotencia muy grande. Después me enteré de que el cardenal [Silva Henríquez] había hecho una gestión muy potente para que lo liberaran».

La versión del Vicario castrense
Varela no sabe y probablemente nunca sabrá si fue una gestión de su padre o del cardenal Silva Henríquez la que influyó en el ánimo de sus captores, pero lo cierto es que de pronto dejaron de insistir en que firmara la declaración para vincular al cardenal con el MIR. La madrugada del miércoles 20 de noviembre, el mismo grupo que lo había secuestrado lo subió a la parte trasera de una camioneta C-10 y comenzó un viaje que el joven abogado no sabía dónde iba a terminar.

«La camioneta hizo un trayecto largo, con varias detenciones, a pesar de que había toque de queda y prácticamente no había tráfico. De pronto, se dio una vuelta y paró. Alguien vino desde la cabina y me ordenó bajarme. Yo, que conocía sus hábitos, pensé “si me bajo, me matan” y me negué, hasta que me bajaron a patadas. Luego me ordenaron sacarme la venda y, como era sabido que si los veías estabas liquidado, me negué otra vez. Entonces se me acercó Romo y me dijo: “Te queremos llevar de vuelta a tu casa, pero estamos perdidos. No sabemos cómo llegar. Súbete con nosotros a la cabina para que nos indiques el camino”».

Varela se sentó entre el chofer, otro agente al que apodaban el Cara de Ángel, y Romo. Mientras bajaban por la calle Infante, Varela le dijo a Romo: «Con esto me arruinaste la vida. Yo me dedico a la defensa de derechos humanos, a defender a la gente que tú cagai, y con esto ya no podré hacerlo». Varela pensaba que, si lo habían torturado por ser abogado del Comité, la próxima vez el castigo podría ser mucho peor; sentía que el miedo que le había inoculado la DINA lo paralizaría. La respuesta del agente rayó en lo inaudito: «No puedes abandonar, porque lo que tú haces es muy importante».

Varela vivía cerca de la Embajada de Italia, una casona bajo constante vigilancia pues la policía tenía instrucciones de impedir que la gente ingresara a pedir asilo. Encima, había toque de queda.

«Yo les dije: “Ustedes no se pueden ir mientras no me abran. Si no, me pueden matar los carabineros”. Golpeamos, pero no abría nadie. Como la casa tenía reja, Romo formó un escalón con sus manos y así pude saltar y golpear las ventanas para que me abrieran».

A pesar de lo que vivió su hijo, a la familia de Varela le costó aceptar que había sido secuestrado por agentes la dictadura. La mañana posterior a su liberación, el vicario general castrense, Francisco Gillmore, llamó a la madre de Varela y le dijo que su hijo se había salvado «de una grande», pues los secuestradores eran militantes del MAPU que querían enviarle un mensaje al Gobierno. «Yo pienso que mi mamá en un comienzo creyó esa versión, porque se la había dado el capellán y porque reforzaba sus convicciones», dice Varela. No obstante, relata el abogado, su detención causó un gran impacto en su padre, a quien todos le negaron que su hijo estuviera en manos de los servicios represivos, incluido un general de Ejército que ocupaba un alto puesto gubernamental y que estaba casado con una prima suya. «Las Fuerzas Armadas no actúan así», le decían todos.

Varela nunca contó a su familia sobre las torturas que recibió. Tampoco las narró en el Comité Pro Paz, temiendo que la información llegara a oídos de sus padres. «Además, yo defendía a las víctimas. No me podía transformar en una víctima también. No hubiera podido darles la seguridad que necesitaban», dice.

Una de sus primeras acciones al recuperar la libertad fue agilizar la tramitación de un recurso de amparo que él mismo había presentado antes de su secuestro, en favor de un prisionero que estaba vivo en el cuartel de la DINA y con quien, en un descuido de los celadores, logró intercambiar nombres, a pesar de estar vendados. El organismo de seguridad, luego de haber negado el arresto, tuvo que reconocer el hecho ante Varela en la Sala de la Corte de Apelaciones, pues él había sido testigo de que el prisionero se encontraba en el cuartel de José Domingo Cañas. De ese modo, el detenido salvó la vida. Varela fue a visitarlo meses más tarde en un campo de concentración.

En 1978, cuando el Comité Pro Paz ya se había transformado en Vicaría de la Solidaridad y en Santiago se realizó un simposio internacional para conmemorar el Año Internacional por los Derechos Humanos, su padre acudió a algunas de las sesiones. Allí escuchó la forma en que se torturaba a los prisioneros y dedujo lo que podría haberle ocurrido a su hijo. Una escena muy similar se ve en Los archivos del cardenal, luego del secuestro y la tortura del personaje interpretado por Benjamín Vicuña.

Polola con novio mirista
Otra similitud de Varela con el protagonista de la serie de televisión es que en el Comité Pro Paz el abogado se enamoró de la secretaria del vicario, Patricia Carpanetti, que pololeaba con un militante del MIR. Aunque, a diferencia del relato de ficción, el novio de Patricia estaba en un campo de concentración y luego fue expulsado al extranjero.

«Patricia llegó al Comité pidiendo ayuda para él y después se quedó trabajando allí», recuerda Varela. Ambos mantuvieron una relación de varios años, la que no estuvo ajena a las tensiones. Uno de los motivos de discrepancia entre Álvaro y Patricia fue la decisión del organismo eclesiástico de no defender a los militantes de izquierda que hubiesen participado en hechos de sangre.

«El criterio que se adoptó fue que en todos los casos de personas secuestradas o detenidas defenderíamos su derecho a la vida y al debido proceso. Una vez garantizados esos derechos, y después de evaluar cada caso, si las acusaciones de participación en hechos violentos tenían cierto nivel de veracidad, quien quiera que fuesen, no nos hacíamos cargo de su defensa», relata Varela. Para cuando el MIR y luego el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) comenzaron a realizar acciones armadas, ya existían otros organismos de defensa de derechos humanos, como el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), la Fundación de Ayuda Social de Iglesias Cristianas (FASIC) y la Comisión Chilena de Derechos Humanos, que sí aceptaban esas defensas.

Si bien el criterio expuesto por Varela era en general compartido dentro de la Vicaría, algunas personas, como Patricia, no estaban de acuerdo.

La relación terminó tiempo después y Patricia emigró a Europa.

Un abogado persistente
Gloria Torres afirma que en cuanto vio al personaje de Ramón Sarmiento en TVN lo relacionó con su amigo. No solo por su familia y su relación con Patricia. «Él era un abogado joven, buenmozo y cariñoso con nosotras. Como el personaje, Álvaro era riguroso, persistente y obsesivo con los casos. Muchas veces hicimos cosas fuera de la ortodoxia, como ir a pasearnos fuera de los centros de detención para tratar de descubrir algo. Incluso ahora, con el caso Frei: él investigó hasta que encontró evidencias de que había sido asesinado, cuando mucha gente, incluidas nosotras, no creíamos que eso fuera posible».

Álvaro Varela se hizo conocido por emprender acciones osadas y poco ortodoxas en defensa de los derechos humanos, como llamar a las comisarías haciéndose pasar por juez, para liberar a los prisioneros durante las protestas. «En esa época leí La orquesta roja, de Gilles Perrault, que narra cómo un grupo de civiles se organiza para combatir a la Gestapo, y con acciones muy simples y muy pocos recursos logra inferirle golpes demoledores al régimen nazi. Fue un libro muy inspirador». En una ocasión, Varela llegó a una casa donde se había instalado una «ratonera». Los agentes de la DINA acababan de retirarse, pero continuaban vigilando los alrededores. La dueña de casa había anotado un número de teléfono y una clave que los agentes usaron para contactarse con su central de operaciones antes de salir. Varela usó los datos para llamar y ordenar el cese del operativo. Resultó.

«En varias ocasiones lo que hicimos con las ratoneras fue publicar avisos en El Mercurio ofreciendo en arriendo el domicilio copado por los agentes, a precio muy conveniente. Cuando empezaban a llegar los interesados con el diario debajo del brazo, la DINA no tenía más remedio que abortar la operación», relata Varela.

Otra de las anécdotas que más recuerda es la ocasión en que, con el secretario ejecutivo de la Vicaría, Enrique Palet, recibió la misión de rescatar a dos mujeres del MIR que estaban acorraladas en el restaurante La Pizza Nostra, en Providencia con Pedro de Valdivia. El lugar estaba rodeado de agentes de la CNI esperando que las mujeres salieran para atraparlas. Puesto que tenían alto rango en la organización política y que habían ingresado en forma clandestina al país, el riesgo de que perdieran la vida en manos de los agentes era alto. Aún no existían los celulares y las mujeres usaron un teléfono público que había en el local para pedir ayuda, pero cuando Palet y Varela llegaron al lugar se dieron cuenta de que era casi imposible rescatarlas sin alertar a los agentes.

«Yo entré al local con el pretexto de comprar cigarros y las vi. Estaban sentadas cerca de la puerta con bolsas de compras, porque habían estado toda la tarde recorriendo tiendas y comprando, con el afán de liberarse de la persecución, pero no lo habían logrado. En el segundo piso me encontré con una funcionaria del consulado francés que me preguntó: “¿A ti también te llamaron?”». Varela le dijo a la diplomática que esperara junto al teléfono público y que él idearía un plan para que ella pudiera llevarse a las mujeres al consulado, que entonces estaba en la calle Condell. Volvió donde Palet y le propuso que contrataran a algunas prostitutas del sector para que entraran y armaran un escándalo; así, en medio del caos las mujeres podrían huir. Palet dijo que algo así tendría que aprobarlo la autoridad eclesiástica, cosa que no ocurrió.

«Entonces pasamos al plan B. Yo contraté a dos taxistas en el sector y a uno de ellos le dije que se parara justo enfrente del local, con la puerta trasera abierta. Le dije que las mujeres tenían un problema con sus maridos y que tendría que llevarlas a un recinto –el consulado–, donde las esperarían con el portón abierto. Luego llamé a la diplomática para que les avisara a las mujeres que pagaran la cuenta y que, cuando vieran el taxi detenido, se lanzaran a toda velocidad a su interior», relata Varela. El plan resultó casi en forma perfecta. Los agentes no alcanzaron a reaccionar. En el segundo taxi viajó Varela, detrás de las mujeres. Sin embargo, al pasar frente al consulado, vieron que el portón no estaba abierto como se esperaba y el taxi con las mujeres tuvo que dar un gran rodeo para volver a intentarlo. Varela les perdió el rastro y tuvo que volver a su casa, porque ya comenzaba el toque de queda. A la mañana siguiente se enteró de que todo había salido bien y que las mujeres recibieron asilo en Francia.

Según Roberto Garretón, Varela fue una pieza clave tanto en la gestión de los casos como en el procesamiento de la información: «Fue parte de la unidad de análisis en la Vicaría. Tenía muy buen criterio, una memoria impresionante, y hacía muy buenos análisis políticos».

En cuanto a Romo, después de ser liberado por la DINA el joven abogado continuó con las acciones legales en su contra. La ONU, en resoluciones referentes a Chile, condenó al ex agente, que ya estaba plenamente identificado. Por esos motivos, a fines de 1975 el régimen decidió sacarlo de Chile y llevarlo a Brasil, donde permaneció oculto hasta 1991, cuando la Policía de Investigaciones lo encontró viviendo en las cercanías de Sao Paulo. Cuando el equipo comandando por el subcomisario Luis Henríquez llegó a su casa, Romo les dijo: «Hace rato que los estaba esperando».

No obstante, la inexistencia de un tratado de extradición entre Chile y Brasil complicó su expulsión a Chile. El gobierno de Patricio Aylwin pidió ayuda a la Vicaría de la Solidaridad, que estaba a punto de cerrar, y la entonces secretaria ejecutiva, María Luisa Sepúlveda, le pidió a Varela que acompañara a la abogada Rosemarie Bornand a Brasil, para acelerar los trámites. «El juez, un hombre joven, descendiente de asiáticos, al conocer mi historia me dijo: “Tienes que ir a verlo. Yo te autorizo”. Pero Romo sufría de alzas y bajas de presión y diabetes. Yo había sido el autor de las acciones que ahora culminaban con su arresto. Los policías temieron que al verme se agravara su estado y, por prudencia, decidí que era mejor no visitarlo. Entonces nos entrevistamos con el ministro de Justicia para obtener su expulsión, y finalmente la policía chilena lo trajo al país, donde fue juzgado».

Varela había renunciado a la Vicaría en 1987. Ya estaba casado y tenía hijos. «Para entonces la Vicaría era un organismo bien establecido, con muchos abogados trabajando. Ya no me sentía indispensable. Previendo que vendrían cambios y que necesitaría ganarme la vida en otra cosa, me fui para seguir mis proyectos personales».

En su memoria guarda secretos todavía imposibles de revelar sobre la forma en que la Vicaría obtuvo valiosos testimonios que permitieron aclarar numerosos casos de violaciones a los derechos humanos. Como el de un agente que fue internado en una clínica siquiátrica para protegerlo de la posible revancha de la DINA, y al que Varela interrogó por varios días vestido con delantal blanco, pretendiendo ser su médico tratante.

«Para mí –dice–, lo más valioso es haber tenido la experiencia de poner todas mis energías y empeño en ayudar a personas, la mayor parte de las veces completamente desconocidas y a las que probablemente nunca llegaría a conocer. En la Vicaría atendíamos a personas de alto rango político y social, y también a personas en el último eslabón de las jerarquías, sin hacer ninguna distinción entre ellas. Las diferencias con que tratábamos los casos dependían de las circunstancias, pero nunca de la posición de la persona. Ese es un aprendizaje para toda la vida».

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