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La victoria de la CNI sobre el MIR

En 1983 el MIR sufrió un golpe letal: en apenas unas horas, la CNI rodeó dos de sus casas de seguridad y ultimó a los máximos dirigentes de la estructura militar en Chile. La operación ocurrió ocho días después de que un comando mirista matara al intendente de Santiago, Carol Urzúa. Los organismos represivos no tuvieron contemplaciones –cinco asesinatos presentados por la prensa como balaceras– y el MIR nunca se recuperó de las pérdidas de ese día. En este hecho se basó el undécimo capítulo de Los archivos del cardenal.

El 7 de septiembre de 1983, el MIR sufrió un demoledor ataque por parte de agentes de la CNI, quienes, con precisión de cirujano, rodearon dos casas de seguridad donde se ocultaban los máximos dirigentes de la estructura militar de la colectividad: Arturo Villavela Araujo, conocido como «el Coño Aguilar», y su lugarteniente, el argentino Hugo Ratier Noguera, quienes fueron abatidos junto a su núcleo más cercano: Alejandro Salgado Troquian, Lucía Vergara Valenzuela y Sergio Peña Díaz.

Aunque la versión oficial sobre los hechos los calificó de «enfrentamientos», los operativos consecutivos en las calles Fuenteovejuna (en Las Condes) y Janequeo (en Quinta Normal) fueron descritos por la Comisión de Verdad y Reconciliación como «ejecuciones», pues quedó demostrado que los cinco militantes fueron asesinados en forma planificada, sin que alcanzaran a oponer una resistencia significativa.

El golpe ocurrió a escasos días de que un destacamento de la colectividad asesinara al general (r) Carol Urzúa, entonces intendente de Santiago, y fue un duro revés para la Operación Retorno que el MIR había iniciado hacia fines de 1977, con el propósito de reorganizar el movimiento y combatir a la dictadura por las vías política y armada. Fue también un punto de inflexión en el proceso de «apertura» iniciado por el ministro del Interior Sergio Onofre Jarpa en enero de ese año. El propio almirante José Toribio Merino se hizo cargo de las complicaciones en el proceso al decir que este atentado no haría al Gobierno echar pie atrás en la apertura.

Tanto personeros del régimen como militantes de la dirección del partido sospecharon que la colectividad había sido infiltrada y manipulada por los servicios de seguridad. Tres ex integrantes del MIR, con altas y diferentes responsabilidades al momento de los hechos, afirmaron para este reportaje que jamás se logró esclarecer esas sospechas. Lo que sí se sabe es que la CNI tenía «controlados» los movimientos de quienes actuaron en el atentado a Carol Urzúa y que, paralelamente, hacía al menos dos meses que vigilaba las casas de seguridad de la dirección militar.

Interrogatorios en el búnker
En 1983, el MIR tenía una dirección exterior, encabezada por el secretario general, Andrés Pascal, y una dirección interior, que dirigía Hernán Aguiló y de quien dependía, entre otras, la estructura militar, conocida como Fuerza Central y encabezada por Villavela. El mítico «Coño Aguilar» era un militante histórico del MIR, que había desarrollado una trayectoria a la par con Miguel Enríquez. Fue prisionero del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA) en 1974 y lo expulsaron del país cuando se cerraron los campos de concentración. Regresó a comienzos de los ochenta en forma clandestina, como parte de la Operación Retorno. En la práctica, relatan las fuentes consultadas, Villavela era el máximo dirigente del MIR en Chile y ejercía una conducción más allá de los límites de su función, pues Aguiló en ese momento estaba en el extranjero.

Entre 1980 y 1982, el MIR realizó varios operativos militares, que incluyeron desde el robo de la bandera de la Independencia al crimen del jefe de Inteligencia del Ejército, Roger Vergara. Pero los problemas comenzaron a acumularse. Algunas operaciones fueron desbaratadas, como el intento de establecer un centro guerrillero en Neltume. Otras abortaron por contratiempos de última hora. Algunos militantes fueron abatidos o apresados, o las cosas fallaron de manera aparentemente absurda. Esto último motivó una investigación interna en el MIR, para averiguar las razones de tanto error sucesivo.

Uno de los militantes que participó en dichas averiguaciones revela que la conclusión preliminar fue que el destacamento encargado de sabotajes, dependiente de la Fuerza Central, podría haber estado infiltrado. El destacamento en cuestión, compuesto por unos doce militantes, fue aislado mientras se determinaba qué hacer. Pero los integrantes de ese grupo se rebelaron ante la sospecha de sus camaradas y pidieron demostrar su lealtad participando en una última acción. Si era cierto que estaban infiltrados, dijeron, su falencia se revelaría en terreno.

Por esa época habían comenzado las protestas y en una jornada de manifestaciones, en agosto de 1983, murieron sesenta personas. La dirección del MIR ordenó al aparato militar llevar a cabo acciones en represalia. A la unidad bajo sospecha se le encargó esa última acción que habían solicitado. No está claro, según las fuentes consultadas, cómo se escogió el nombre del general Urzúa, si fue una instrucción de la dirección o una decisión de los propios encomendados. Solo se sabe que Urzúa figuraba en una lista de posibles blancos que incluía otros nombres.

«En los días previos a la acción, los encargados detectaron seguimientos, pero pensaron que los habían cortado», dice una de las fuentes. Otra, que estuvo en contacto directo con los participantes, relata que «ellos pensaron que, si la CNI los tenía controlados, impediría el atentado en el último minuto». Pero eso no ocurrió.

Pedro Vergara Vargas, Jorge Palma Donoso, Carlos Alberto Araneda y Hugo Marchant Moya, entre otros participantes, no tuvieron inconvenientes en completar la operación y el 30 de agosto de 1983 asesinaron al general, a su chofer y a su escolta.

En tiempo récord, la CNI aclaró el caso y llegó a buscarlos a las casas de seguridad, los apresó junto a sus parejas y los mantuvo prisioneros e incomunicados en uno de sus cuarteles, acusados de cometer el crimen.

«Marchant me contó –relata una fuente– que llegó preparado para sufrir las peores de las torturas, pero la CNI no le tocó un pelo. Lo único que querían era que reconocieran que el MIR había hecho el atentado, y en eso ellos no tuvieron objeción». De hecho, el MIR había reivindicado la acción solo horas después del atentado.

Marchant también comentó más tarde que le había sorprendido que la CNI conociera el contenido de una conversación que él había tenido con otro militante en una cancha de fútbol, donde era muy difícil que alguien los hubiera escuchado o grabado.

Como el general Urzúa aparentemente figuraba entre los generales «blandos» del régimen, la suspicacia se apoderó de una parte importante de la jerarquía militar. Un episodio hasta ahora desconocido de estas detenciones es que los prisioneros fueron llevados en secreto ante el Cuerpo de Generales del Ejército, aparentemente reunido en pleno en «el búnker», debajo de La Moneda.

«Ellos nos hicieron saber, estando aún incomunicados, que los habían sacado de la CNI vendados, que los llevaron a un subterráneo y que cuando les descubrieron la vista estaban frente a los generales en un gran auditorio que, por sus indicaciones, concluimos años más tarde que había sido el búnker», señala un ex integrante de la Fuerza Central, responsable de la investigación que puso al destacamento bajo sospecha.

Los generales sometieron a los miristas a un interrogatorio colectivo y surrealista que tenía un solo objetivo: asegurarse de que había sido el MIR y no un grupo de extrema derecha el que había asesinado al general Urzúa.

Los operativos
El MIR ya estaba en antecedentes de que el Gobierno de Estados Unidos sabía del retorno a Chile del «Coño Aguilar», porque la información había circulado en la embajada en Santiago. También tenía indicios de que la filtración provenía del Departamento América, de Cuba, país que colaboró activamente con la Operación Retorno, y desde donde parte de la información de los militantes que emprendían el regreso a Chile se habría transmitido a la CIA y, a través de esta, al régimen militar.

En ese contexto, y en medio de instrucciones de reorganización, de intentos por sacar del país a la dirección militar y de ocultar en regiones a otros cuadros, la dirección de la Fuerza Central permanecía oculta en dos casas de seguridad. En la calle Fuenteovejuna 1330 en Las Condes se escondían Villavela con Lucía Vergara, «la Pity», de 32 años, y Sergio Peña, de 37 años. En Janequeo 5707, en Quinta Normal, se ocultaban el argentino Hugo Ratier, Alejandro Salgado y su hijastro Miguel Bustos, de quince años de edad.

En ambos domicilios, vecinos del sector detectaron la presencia de vehículos extraños que vigilaban esas residencias desde hacía tiempo. «Sabíamos que algo pasaba por aquí. Hace como un mes, un furgón se ubicó en Colón, cerca del teléfono público. Desde ahí, unos individuos con binoculares y walkie-talkies miraban hacia Fuenteovejuna. Cuando les preguntamos qué hacían, nos mandaron a buena parte», dijo una persona entrevistada por El Mercurio en los días posteriores a los operativos. Similar testimonio recogió el diario referente a los hechos en la calle Janequeo: «Un taxi se paraba en la esquina y permanecía allí todo el día. No sabría decir si vigilaban esa casa, pero sí que resguardaban ese sector», comentó un testigo, y su versión fue ratificada por otros habitantes del barrio.

El 7 de septiembre, según testimonios que recogió la propia prensa, las viviendas colindantes a las casas de seguridad en Fuenteovejuna y Janequeo fueron desalojadas. A las 19.45, un amplio contingente de la CNI, auxiliado por Carabineros e Investigaciones, comenzó a acribillar el domicilio en Las Condes usando un vehículo que tenía instalada una metralleta de alto calibre. Una voz por altoparlantes ordenó la rendición de sus moradores. Sergio Peña salió caminando con las manos en la nuca y cuando llegaba a la reja de entrada fue acribillado. Lucía Vergara respondió disparando desde el interior y eso gatilló una descarga de ametralladora que acabó con su vida. Una bengala lanzada al interior por los agentes provocó un incendio. El cuerpo de Villavela fue hallado calcinado.

El mismo contingente se trasladó a la calle Janequeo. Alejandro Salgado fue acribillado en la calle, cuando llegaba a la casa de seguridad. A pocos metros fue asesinado Hugo Ratier. El hijo de Salgado huyó saltando una pandereta y se convirtió en uno de los testigos clave de los asesinatos. En su testimonio posterior diría que su padre sabía que lo estaban vigilando.

La versión oficial, que adoptó distintas variantes, algunas contradictorias entre sí, fue afirmar, en términos generales, que el servicio de seguridad respondió con sus armas al ataque de los «extremistas», a quienes acusaba de ser los autores del crimen del general retirado Carol Urzúa. Más tarde se sabría que al momento de los operativos la CNI ya tenía presos a los autores materiales de ese asesinato y que, en cuanto a la dirección militar del MIR, hubo una decisión deliberada de aniquilarla.

El testimonio de «Papudo»
Más allá de las contradicciones, apenas un año más tarde el testimonio del ex agente Andrés Valenzuela, alias «Papudo», permitió a los abogados querellantes conocer exactamente lo ocurrido.

En el testimonio del ex suboficial de la Fuerza Aérea ante la Vicaría de la Solidaridad hay un completo relato de los operativos. Dijo que ese 7 de septiembre, junto a otros agentes, esperó en un supermercado en avenida Colón las instrucciones para actuar en Fuenteovejuna.

«A ese estacionamiento llegó un jeep de la CNI (tienen dos de ese tipo), que tiene el techo corredizo y en el cual se instala una ametralladora punto 50 sobre un sistema hidráulico que permite subirla sobre el nivel del techo y operarla por dos hombres, uno que dispara y otro que va pasando la cinta de municiones», relató el ex agente, precisando que el arma disparaba mil tiros por minuto. Recibida la instrucción de actuar, el grupo se dirigió al domicilio previamente identificado y montó la ametralladora enfrente de la casa. «Papudo» quedó ubicado detrás de un poste.

«Todo el resto del personal tenía absolutamente rodeada la casa. Se preguntó por el oficial al mando: “¿Lista la base de fuego?”, y, ante la respuesta afirmativa, se dio la orden de hacer fuego, accionándose el techo del jeep, saliendo la ametralladora y empezó a disparar por espacio de un minuto, yo creo (…) Terminada esta operación, en que solo participó la base de fuego, volvió el silencio y por altoparlante se les pidió a las personas adentro que se rindieran. Desde la casa se dijo: “Nos vamos a rendir”. Entonces salió uno de los moradores [Peña], con las manos en alto, puestas en la nuca; me recuerdo que era de tez blanca y delgado. Cuando se aproximaba a la reja del antejardín, se adelantaron dos agentes de la CNI y lo rafaguearon a casi un metro de distancia».

Entonces, dijo Valenzuela, una mujer disparó hacia fuera y todos los agentes recibieron la orden de disparar, no solo la ametralladora. «No sé cuánto duró eso, pero obviamente no deben haber sido más de tres o cuatro minutos. Fue en este momento en que se lanzó una bengala dentro de la casa, la que provocó el incendio. A mí me tocó arrastrar hacia la calle, posteriormente, al primero que murió [Peña] y a la mujer después [Vergara]». Dentro de la casa, Valenzuela vio muerto a Villavela.

El mismo equipo de agentes, según el testimonio de «Papudo», recibió la orden de dirigirse a la calle Janequeo.

«Cuando ya estuvimos cerca de nuestro objetivo, nos dijeron que nos agacháramos pues venía corriendo una de las personas que debía ser eliminada [Salgado], y que pasó por el costado de nuestra camioneta. Cuando llegó a un sector donde hay una pared, fue rafagueado por unos agentes de la CNI, e inmediatamente la base de fuego, que también estaba en el lugar, empezó a disparar sobre una casa junto a otros agentes».

A Valenzuela le quedó grabada una escena: cuando cayó Salgado en la calle, «se acercó un agente de la CNI, que tenía una mano con guante, y le pasó por la mano un arma y la dejó botada cerca de ella para simular que la llevaba él, pero iba desarmado. Me impresionó esa vez la rapidez que tuvo el CNI en ese detalle, para cubrirse de esa muerte».

En cuanto se hizo la calma tras las ráfagas de la ametralladora, dijo Valenzuela, encontraron muerto a Hugo Ratier en el interior del domicilio. Los agentes no pusieron mayor empeño en encontrar al adolescente (Miguel Bustos), que había huido saltando la pandereta.

Las dudas
Los asesinatos de Fuenteovejuna y Janequeo fueron un golpe demoledor para el MIR. Villavela era un dirigente admirado y cuyo ascendiente no se remitía al ámbito militar.

«Es un maniqueísmo suponer que el MIR era una colectividad de pistoleros locos. Considerábamos la acción militar como parte de las formas de lucha que debíamos emprender para oponerse a la dictadura, pero no era la única, ni la preferida. Lo que buscábamos era la forma de acumular fuerzas en el movimiento social en pos de una democracia popular y evitar una salida negociada de la dictadura, como fue lo que finalmente ocurrió», dice una militante que ocupaba un alto cargo en aquel entonces. «Y, en ese sentido, Villavela era un referente muy importante para nosotros».

El jefe de la Fuerza Central había sido apresado cuando concurría a un punto de enlace, en 1974. Al verse rodeado, huyó disparando y fue abatido a balazos. Siguiendo instrucciones partidarias y para no caer vivo, se tomó una pastilla de cianuro que llevaba en un bolsillo. Sin embargo, la pastilla no le hizo efecto porque estaba recubierta de un plástico duro que no tuvo tiempo de quitar, y porque los servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea lo operaron para mantenerlo con vida y poder interrogarlo. Luego, en la AGA, levantaba el ánimo de sus camaradas haciéndolos cantar de celda a celda «En qué nos parecemos / tú y yo a la nieve…».

La misma militante advierte que la hipótesis de infiltración del aparato militar del MIR no necesariamente explica la caída de sus altos dirigentes. «Los que volvimos en la Operación Retorno teníamos que vivir solos, en forma clandestina. Sin redes familiares, ni sociales. Muchos dejamos a nuestros hijos afuera. Sabíamos que en clandestinidad no durabas más de un año antes de que te detectaran los aparatos de seguridad. Pero una cosa era saberlo y otra muy distinta era aceptar, cuando detectabas un seguimiento, que tenías que abandonar una lucha en la que tenías invertida toda tu humanidad. Creo que la tendencia era a minimizar los incidentes, a darles otra explicación, porque asumirlo era aceptar que se había acabado todo».

La misma ex dirigente revela que de la calle Janequeo huyeron algunos militantes importantes que no fueron detectados por la CNI, lo que no hubiera ocurrido en caso de infiltración. «Los agentes te podían tener identificado sin necesidad de estar dentro de la organización. La infiltración es una tesis posible, pero no todos los golpes represivos se explican por infiltración». Para ella los errores de seguridad y en las decisiones se explican más por la extrema fragilidad con que el MIR pretendía oponerse militarmente a la dictadura. «Lo cierto es que no había condiciones para garantizar la seguridad de los retornados. Nos convertimos en carne de cañón», dice.

Los otros dos militantes entrevistados para este reportaje mantienen las dudas. «Nunca logramos esclarecer las sospechas porque, cuando la gente estuvo en condiciones de reunirse y conversar, ya estábamos divididos», dice el ex integrante de la Fuerza Central. Y el tercer militante, ligado a la dirección del MIR en el ámbito social, sostiene: «En mis años de militancia no conocí nunca una indicación de infiltración, rumores, nada. Y eso de por sí es raro y sospechoso. Es muy poco probable que en un movimiento de tipo clandestino no se detectara un intento de infiltración en toda una década».

Aunque las estructuras sociales siguieron trabajando después de los operativos de Fuenteovejuna y Janequeo, la colectividad no realizó nuevas operaciones militares de envergadura. En 1985, en un pleno realizado en Argentina, por primera vez el MIR expresó públicamente una autocrítica a la Operación Retorno y a las acciones militares realizadas en ese contexto. En 1987 el partido se dividió y tras la recuperación de la democracia, en 1990, se extinguió casi por completo. Sin embargo, los tres entrevistados coinciden en señalar que los hechos referidos a Fuenteovejuna y Janequeo nunca fueron parte de un análisis colectivo y, por lo tanto, las dudas siguen sin resolverse.

Los condenados por el crimen de Carol Urzúa conmutaron más tarde sus penas por extrañamiento y hoy viven en Bélgica. Otros integrantes del destacamento que habrían participaron en la operación pidieron asilo en la Nunciatura en 1984, y también viven en países europeos. Algunos más salieron del país en forma clandestina.

El caso judicial por los falsos enfrentamientos de Fuenteovejuna y Janequeo sigue abierto, sin condenados, en manos del juez Carlos Gajardo. Este procesó en 2006 a dos agentes de la Agrupación Azul de la CNI (el coronel (r) Aquiles González Cortés y el suboficial (r) Claudio Sanhueza Sanhueza) por el homicidio del mirista Fernando Iribarren, un caso conexo con el anterior pues ocurrió el mismo día de las operaciones Janequeo y Fuenteovejuna.


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