COMPARTE:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrPin on PinterestShare on Google+

El hombre que olía a muerte

por Andrea Insunza y Javier Ortega

El hombre que olía a muerte

Una ley no escrita de los organismos represivos establecía que la traición se pagaba con la muerte. Por eso, en los años duros de la guerra sucia fueron contados los agentes que se atrevieron a desafiar la omertà. De ellos, ningún testimonio fue más valioso que el de «Papudo» Valenzuela, quien se presentó un día ante una periodista opositora y dijo: «Quiero hablar de detenidos desaparecidos». En este dramático caso se inspiró el noveno capítulo de Los archivos del cardenal. Lo más insólito es que Valenzuela sobrevivió y vive hoy en algún lugar de Francia.

L

a secretaria no tenía ninguna confianza en ese hombre de gestos nerviosos, pelo negro y bigote mal afeitado que por tercera vez llegaba hasta las oficinas de la revista Cauce, ubicadas en Huérfanos, entre Morandé y Bandera, en el centro de Santiago. Era el lunes 27 de agosto de 1984, hacía frío y el sujeto insistía en hablar con la periodista Mónica González. Con su experiencia trabajando en una revista opositora a la dictadura, en los años en que eso significaba hostigamientos, amenazas y censura, la desconfiada secretaria mintió: dijo que la reportera no estaba. Pero el tipo seguía allí, serio, apretando un ejemplar de Cauce entre sus manos, a la espera.

La periodista, que en realidad estaba en el piso superior, bajó justo en esos momentos. Escuchó que alguien la buscaba en la entrada. Pese a los poco disimulados gestos de la secretaria para que no se apareciera, decidió presentarse: «Yo soy Mónica González. ¿Qué quiere?». El hombre la miró fijamente, como para asegurarse de que era quien decía ser. Luego, sacó una identificación militar, se la mostró y le dijo: «Solo necesito hablar… Quiero hablarle sobre cosas que yo hice, desaparecimiento de personas».

Según la periodista, actual directora del Centro de Investigación Periodística (CIPER), fue así como la contactó el desertor de los servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea Andrés Antonio Valenzuela Morales, exmiembro de un aparato represivo hasta entonces ignorado por los opositores a Pinochet, pero que entre 1975 y principios de 1977 llegó a rivalizar en ferocidad con la DINA: el Comando Conjunto, integrado por agentes de la FACH, la Armada y Carabineros.

Gracias a una espeluznante entrevista que la periodista le hizo en las horas siguientes a Valenzuela, de entonces veintiocho años, por primera vez se pudo obtener un testimonio directo (y no hubo otro más completo) sobre las torturas, muerte y desaparición de militantes de izquierda a manos de la dictadura. La confesión de «Papudo» –el apodo de Valenzuela entre sus compañeros de servicio– se extendió sobre métodos de exterminio, nombres de agentes, centros de reclusión ilegales y destino de los cuerpos de detenidos desaparecidos, muchos de los cuales (se supo entonces) habían sido quemados, enterrados en fosas ilegales o arrojados al mar desde helicópteros. También se conocieron detalles de la traición de algunos militantes de izquierda que no resistieron la tortura. Varias de las víctimas habían sido compañeros y amigos de Mónica González en las Juventudes Comunistas, colectividad en la que la periodista militaba desde la adolescencia.

Sin embargo, frente a ese hombre que era presa de una carga emocional evidente, lo primero era cerciorarse de que no se tratara de una trampa. «Lo único que se me ocurrió fue revisarlo, para comprobar que no traía armas», recuerda González. Luego subió con él hasta la oficina del director de la revista, Edwin Harrington, quien no se encontraba, para entrevistarlo a puertas cerradas.

«Lo van a matar»
Apenas se sentaron, González encendió su grabadora.

–¿Qué me quiere contar usted?

–Sobre mi trabajo actual, nada. Yo quiero hablar sobre detenidos desaparecidos.

–Lo van a matar.

–Va a suceder, pero por lo menos hablé.

Entonces reveló que él había detenido a José Weibel Navarrete, subsecretario general de las Juventudes Comunistas, apresado por agentes de civil el 29 de marzo de 1976, cuando viajaba con su esposa y dos de sus tres hijos en un microbús de la locomoción colectiva. «Yo tuve que reprimir un grito, porque José Weibel había sido uno de mis mejores amigos. Y como yo había investigado el caso, sabía que lo habían detenido en una micro, cuando iba junto con su mujer, María Teresa Barahona; que cada uno llevaba a uno de sus hijos en la falda, que una mujer en la micro había dicho que le habían robado la cartera, y que unos tipos habían tomado violentamente a Weibel y lo habían bajado. Nunca más se supo de él», cuenta Mónica González.

Valenzuela dijo que llevaban varios días siguiendo a Weibel y que ese 29 de marzo recibieron la orden de apresarlo. Todo calzaba, incluso la dirección exacta de la casa del dirigente en La Florida. En seguida habló de la parte que nadie conocía: que habían llevado a Weibel a una cárcel secreta en la calle Bellavista, donde estaba detenida la plana mayor de las Juventudes Comunistas. «Él fue interrogado y de allí salió un equipo y lo mataron en el Cajón del Maipo, y luego lo tiraron al río», reveló el agente.

La periodista lo escuchaba consternada. «Yo en ningún momento dejaba de pensar que todo era una trampa, que lo único que había detrás era que querían parar la revista, tomarnos detenidos y acusarnos de sedición».

«Papudo» hablaba a borbotones. Cuando comenzó a explayarse sobre un segundo caso, Mónica González lo interrumpió y salió de la oficina para conversar con Edwin Harrington, quien ya había llegado. Se acercó a su director y le dijo que la entrevista era sobre un asunto «muy grave» y que iba a durar horas. «Se trata de un hombre que está hablando de cómo mataron a nuestra gente. Hay que hacer salir a todo el mundo de la revista», le explicó.

Harrington entendió perfectamente. Solo él y un puñado de periodistas se quedaron.

«Ya no puedo más»
Mónica González llevaba un año en Cauce, luego de retornar del exilio desde Francia. En mayo de 1984 había publicado una investigación sobre la casa que Augusto Pinochet se mandó construir en El Melocotón, en predios adquiridos al Fisco a un precio irrisorio. Semanas después entrevistó al excomandante en jefe de la FACH, Gustavo Leigh, defenestrado en 1978 tras una pugna de poder con el jefe del Ejército. «La imagen de Pinochet se fue al tacho», decía Leigh, a propósito de El Melocotón. Por esa entrevista el régimen aplicó la ley de seguridad interior del Estado y envió a la periodista a la Cárcel de San Miguel, un penal de hombres.

Mónica González tenía treinta y cinco años cuando Andrés Valenzuela llegó hasta las oficinas de Cauce. «Papudo» traía consigo el último ejemplar de la revista, donde una investigación de la reportera denunciaba que, tras el millonario robo de un banco en Calama que costó la vida de dos cajeros, se había desencadenado una sorda purga al interior de la CNI. El atraco era en realidad una operación encubierta para financiar a ese organismo, la que al ser desbaratada acabó con varios agentes asesinados por sus propios compañeros, entre ellos Alfonso Fort, de veintisiete años. El padre de Fort aparecía en la revista exigiendo justicia.

Cuando la periodista le preguntó a «Papudo» por qué la había elegido a ella, el agente contestó: «Porque ya no podía más con el olor a muerto. Me despierto con el olor a muerto, me acuesto con el olor a muerto y ya no puedo más. Y vi el reportaje de Cauce y vi que usted se compadeció por el asesinato de este joven de la CNI. Y dije que usted no me va a cerrar la puerta».

En las primeras horas, la entrevista fluyó con «Papudo» entregando todos los detalles que recordaba sobre un detenido específico, como nombre, cargo, lugar de detención, torturas y destino del cuerpo, antes de pasar a otro caso. Mónica González se limitaba a hacer preguntas acotadas, mientras iba chequeando información en sus archivos personales.

A menudo Valenzuela no sabía nombres ni cargos. Entonces la periodista le pedía que describiera físicamente a la víctima, o que recordara si antes de morir habló de su familia u ocupación, cualquier detalle que luego permitiera unir piezas. «Yo buscaba desesperadamente pistas, porque no sabía hasta qué minuto iba a tenerlo de entrevistado: me dijo que no había llegado a su trabajo [Inteligencia de la Fuerza Aérea] esa mañana y que estaba desertando. Y me contó que a su mujer le había dicho que venía a hablar conmigo.

Entonces, yo estaba segura de que en cualquier minuto iban a llegar a buscarlo», cuenta la profesional.

El caso que más había marcado al agente fue el de Miguel Ángel Rodríguez Gallardo, un militante comunista apodado «El Quila», detenido el 28 de agosto de 1975 y al que las torturas no lograron quebrar. «Papudo» sentía necesidad de hablar de este hombre. Contó que siempre había sido cortés con sus captores y que su valor era reconocido incluso por los jefes. «Cuando lo mataron, incluso se despidió de nosotros», aseveró.

«Al Quila Rodríguez le debemos la confesión de Andrés Valenzuela», asegura González.

La periodista cuenta que «Papudo» se quebró varias veces al recordar este caso. Incluso en un momento quiso abrazarla. «Llore, pero no me toque», le advirtió ella. «Para mí lo importante era rescatar información clave para demostrar que los detenidos desaparecidos existían. De mi parte había odio: venía recién saliendo de la cárcel», cuenta.

La grabadora llevaba varias horas corriendo cuando en un momento alguien trajo bebidas y café. A medida que transcurría el relato, la periodista se percató de que «Papudo» hablaba como desertor de una organización distinta de la DINA y la CNI, los organismos hasta entonces identificados como responsables de la represión política.

«Cuando dice “nosotros”, ¿a quiénes se refiere?», preguntó entonces. «Al Comando Unido que actuaba junto a gente de Carabineros y la Armada», respondió Valenzuela. Un organismo independiente, que en su momento llegó a rivalizar con la todopoderosa DINA, que se ensañó especialmente con el PC y que luego de su disolución formal siguió latente en la FACH hasta entrados los años ochenta. La mención al Comando Conjunto era absolutamente nueva.

Al llegar la noche, decidieron seguir en otra parte: un lugar que Mónica González hasta hoy se niega a revelar. La conversación duró varias horas; «las más agotadoras de mi vida», recalca la periodista. La única condición que puso «Papudo» fue no entregar el nombre de sus compañeros de servicio. Sí estaba dispuesto a hablar de quienes daban las órdenes. Cuando se hizo evidente que había dicho gran parte de lo que sabía, González le preguntó qué iba a hacer, «porque yo pretendo publicar todo esto».

–Usted haga lo que quiera, pero yo termino acá y me voy a presentar a mi unidad.

–Usted está loco. Lo van a matar.

–Me da lo mismo. Yo ya estoy muerto.

La periodista se dio cuenta de que tenía que persuadirlo de salvar su vida. Su estrategia fue desentrañar su historia personal, desde que ingresó a cumplir con su servicio militar en la Fuerza Aérea hasta que fue seleccionado para cumplir funciones en la Academia de Guerra Aérea y, «sin querer queriendo» –como decía él–, se vio «envuelto en una máquina».

Le propuso, entonces, entregarlo a la Vicaría de la Solidaridad para sacarlo del país. Él aceptó, con una condición: quería despedirse de su mujer y sus tres hijos. Eso hizo al día siguiente.

La Vicaría se hace cargo
Mónica González llegó a creer que Valenzuela había sido asesinado, pues al día siguiente, cuando debían reencontrarse, la prensa informó sobre la aparición de un cadáver masculino. Pero al rato «Papudo» llegó.

Esa misma mañana el director de Cauce, Edwin Harrington, y Mónica González se presentaron en la Vicaría de la Solidaridad. Ahí se reunieron con el vicario Santiago Tapia y dos abogados. Uno de ellos –quien prefiere mantener su identidad bajo reserva– recuerda que los periodistas resumieron el testimonio de «Papudo», recalcando que había que sacarlo del país.

«De inmediato apreciamos que estábamos frente a un testimonio de una relevancia tremenda, pero también ante un altísimo riesgo. Este caso estuvo entre los cinco o seis de más alto riesgo que manejó la Vicaría. Por un lado, se trataba de una persona que estaba cumpliendo servicio. Y, por otro, había participado directamente en actividades brutales», apunta el abogado. El gran temor era que se tratara de un intento por infiltrar la Vicaría. «Eso comprometía la raíz de nuestra actividad», explica el profesional.

Sin embargo, los antecedentes que Valenzuela había aportado parecían verosímiles. Además, había dado señales claras de que estaba desertando. No había, por lo demás, mucho margen: era cuestión de tiempo para que los servicios de seguridad detectaran la traición.

Si es que ya no lo habían hecho.

Ese mismo día, poco después de almuerzo, Mónica González acompañó a Valenzuela a la calle Huérfanos y lo entregó a dos abogados de la Vicaría. «Lo primero que hicimos fue trasladarnos en un auto a la Cuesta Barriga», recuerda uno de ellos. En el lugar, Valenzuela señaló la ubicación exacta donde habían sido enterrados cuerpos de desaparecidos. Al regresar a Santiago, el exagente fue trasladado hasta el estacionamiento de un supermercado. Ahí lo esperaba una alta autoridad de la Vicaría. Desde ese momento, «Papudo» quedó oficialmente bajo el resguardo del organismo de la Iglesia Católica chilena. Y el vicario Tapia mandató al secretario ejecutivo, Enrique Palet, para coordinar una operación que constaría de tres fases: la primera, resguardar la seguridad del exagente; la segunda, tomarle una extensa declaración notarial; la tercera, sacarlo vivo del país.

Al terminar la jornada, el hombre que recogió en su auto a Valenzuela lo refugió en algún lugar de Santiago. «Un sitio de retiro», dice, sin precisar más. Allí, según recuerda, Valenzuela estuvo tres o cuatro días. En forma alternada, dos abogados de la Vicaría recogían su testimonio, corroborándolo con el archivo del organismo. Todo calzaba.

Según recuerda uno de los dos abogados implicados, este trabajo prosiguió después de que Valenzuela fuera trasladado a un lugar más seguro: un monasterio en la periferia de la capital. «Quienes estaban ahí no sabían quién era. Solo acogían a alguien. Ninguno de nosotros podía comentar nada con nadie, ni siquiera con el resto de la gente de la Vicaría», relata uno de los profesionales que tuvo contacto con «Papudo» en esos días. No más de seis personas sabían del tema.

Valenzuela oficializó su testimonio en una parroquia en Santiago, hasta donde llegó un notario. Luego volvió al monasterio, donde esperó varias semanas a que se diesen las condiciones para salir de Chile.

No fue tarea fácil. Se trataba de una operación ilegal. Pero las autoridades de la Vicaría asumieron el riesgo. Una alta fuente del organismo cuenta que tomaron contacto con una entidad externa, que fabricó los documentos para dotar a Valenzuela de una nueva identidad. Esa entidad, precisa un ex abogado de la Vicaría, era la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC). Luego se dio el vamos a la «operación combinada». La primera parte estuvo a cargo de dos abogados de la Vicaría que trasladaron a Valenzuela al sur. En la segunda etapa, el desertor de la FACH partió a Bariloche en bus, acompañado por otro abogado que subió al mismo vehículo. Valenzuela nunca supo las identidades de quiénes lo acompañaron. «Le dijimos que no preguntara nada», recuerda un profesional de la Vicaría que estuvo al tanto de los detalles de la operación.

Un segundo abogado vinculado a la Vicaría siguió a la pareja de viajeros, sin que ellos lo supieran.
Así fue como Valenzuela llegó a Bariloche, y desde ahí partió a Buenos Aires.

Un cura y una pistola
«El compromiso que hice con la Vicaría fue que yo no publicaría la entrevista hasta que me avisaran de que Andrés Valenzuela estaba fuera del país, a salvo», dice Mónica González.

Entre tanto, hizo cuatro copias del testimonio del exagente. Una la guardó ella. Otra se la entregó a los abogados que recibieron a Valenzuela. La tercera la dejó en una caja fuerte de propiedad del dirigente DC Narciso Irureta, quien también ocultó ahí las cintas de audio, sin hacer ninguna pregunta. La cuarta copia la hizo llegar al Partido Comunista, pues la mayoría de los antecedentes se referían a víctimas de la colectividad en que ella militaba.

Después, comenzó a confirmar todos los datos aportados por «Papudo».

Decidió pedirle ayuda al sociólogo comunista José Manuel Parada, jefe de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad. «A José Manuel lo conocía mucho, porque en mis reporteos acudía a la gente de la Vicaría. Para mi gran sorpresa él no sabía nada sobre Valenzuela: no lo habían puesto en conocimiento. Decidimos empezar a trabajar».

Parada, hombre clave de la Vicaría en la recopilación de información sobre las violaciones a los derechos humanos, decidió sumar al equipo al profesor Manuel Guerrero Ceballos, también militante comunista y dirigente de la Asociación Gremial de Educadores de Chile (AGECH). Guerrero había sido detenido el 14 de junio de 1976, en circunstancias dramáticas. Dos agentes de civil lo habían reducido y baleado, y lo trasladaron sangrando hasta un cuartel secreto, donde fue torturado. Como la bala quedó alojada en su axila izquierda, un médico ordenó su traslado al Hospital de Carabineros. Meses después fue liberado.

Lo que en ese momento Guerrero no sabía era que había estado en manos del Comando Conjunto, en el cuartel conocido como La Firma. Vino a saberlo recién en 1984, a raíz del testimonio de «Papudo». Por eso su aporte sería esencial para González y Parada: era uno de los pocos sobrevivientes de ese organismo represivo.

«Entre fines de agosto, septiembre y octubre nos juntamos una vez a la semana (…) Un día de octubre llegué con la entrevista hecha, ambos la leyeron y uno me dijo: “Mónica, esto no lo puedes publicar, porque van a matarte”. Pero yo no tenía alternativa», recuerda la actual directora de CIPER.

Por esos mismos días llegó hasta la revista Cauce un sacerdote que pidió conversar con ella. La periodista recuerda que lo recibió en su escritorio, ubicado entonces en el primer piso de la revista, junto a los puestos de trabajo de sus colegas Marcelo Castillo y Manuel Salazar.

El cura tomó asiento y le dijo que venía de parte de la esposa de Andrés Valenzuela.

–No tengo idea quién es Andrés Valenzuela –le respondió González.

–Mire, su esposa está desesperada.

–No sé de quién me habla. No conozco a ningún Andrés Valenzuela.

–Por favor, escúcheme, yo sé que usted es amiga de él. Su esposa está angustiada, solamente quiere saber si está vivo.

–Le insisto: no sé de quién me habla.

Fue entonces que el sacerdote sacó una pistola y gritó:

–¡Dime la verdad, conchetumadre!

Marcelo Castillo corrió al lado de González, mientras la periodista atinaba a decir:

–¡Que se vaya, que se vaya…! ¡Saquen a ese hombre!

Nadie se explica muy bien cómo el falso cura se marchó.

«Fueron días bien terribles. Allanaron mi casa varias veces. Tuve que salir de ahí, pero volvía a cada rato. No había plata. Me iba a casas de amigos, donde no era fácil que te recibieran, porque uno tenía que decirles que estaba pasando por una situación de peligro. Pero hubo gente preciosa», dice González.

Además había otro problema: González, que militaba en el Partido Comunista desde los catorce años y había ocupado cargos sensibles en la clandestinidad, tuvo un choque con su partido. Según relata, tras entregar copia de la entrevista de «Papudo» al PC, una persona le entregó un recado de la dirección interior, entonces al mando de Gladys Marín. «Esa persona me trajo la instrucción precisa de que la entrevista se podía publicar, pero sin mencionar al “Fanta” [Miguel Estay Reyno] y a [René] Bazoa». Ambos habían sido militantes de las Juventudes Comunistas, pero desde fines de 1975, después de haber sido detenidos por el Comando Conjunto, se habían transformado en activos colaboradores de ese servicio de seguridad. El testimonio de «Papudo» confirmaba esto en detalle.

Aunque tras las detenciones de Estay Reyno y Bazoa el PC había comunicado a los suyos que los dos habían pasado a colaborar con la dictadura, el tema seguía siendo un tabú para el partido. «Argumentaron que una cosa como esa podía mellar la moral interna», acota la periodista. Pero González se negó a sacar esos pasajes del testimonio de Valenzuela. Y eso, explica, influyó en que dejara de militar en la colectividad.

En todo caso, lo que más le preocupaba por esos días era que la Vicaría no le comunicaba nada sobre la salida del desertor. Hasta que, caminando por el Paseo Ahumada, se topó con uno de los abogados del organismo:

–«Papudo» está fuera –le dijo.

El 4 de noviembre de 1984, sin embargo, el régimen militar decretó estado de sitio. Dos días después prohibió la circulación de las revistas opositoras, entre ellas Cauce. «El estado de sitio se dictó con el objeto de impedir que se publicara la entrevista. La dictadura ya sabía que este hombre se les había ido de las manos», explica Mónica González.

Apenas unos días después, el 14 de noviembre, Cauce despidió a sus periodistas.

Un material muy delicado
Clausuradas las posibilidades de publicar la entrevista en Chile, González contactó a un intermediario para ofrecerla al prestigioso diario norteamericano The Washington Post. Además del obvio impacto mediático, eso permitiría recibir un pago para los periodistas de Cauce, quienes por entonces confeccionaban un boletín semanal de noticias en el Colegio de Periodistas.

González recurrió al dirigente DC Claudio Huepe, un muy cercano amigo suyo que viajaría al exterior a fines de noviembre. «Yo sentía que mientras más mantenía esa entrevista en mi mano, sin publicar, había más peligro», relata la periodista. Sin entregarle detalles, le pidió a Huepe que transportara un material periodístico delicado y que hiciera gestiones para publicarlo en un diario extranjero, previa autorización suya. «Le pedí que no leyera nada hasta que estuviese arriba del avión. Le puse la copia de la entrevista dentro del forro de la chaqueta», recuerda.

Huepe llegó a Caracas, Venezuela, donde había estado exiliado, alrededor del 20 de noviembre. Se reunió, como era costumbre, con los chilenos que aún tenían prohibido el ingreso a Chile. Uno de ellos era Carlos Jorquera, «el Negro», un periodista que había estado el 11 de septiembre de 1973 en La Moneda, acompañando al presidente Salvador Allende. «Apenas llegué a Caracas, creo que el martes 20 de noviembre, hablé con el Negro y le entregué el reportaje. Le dije que hiciera lo posible para que El Diario de Caracas lo publicara y pagara algo por el trabajo periodístico», le relata Huepe a González en una carta fechada el 9 de diciembre de 1984.

Y sigue: «Me planteó que veía muy difícil que cancelaran algo, porque no era la política del diario, y que leería el artículo y después me avisaría. Hablamos dos o tres días después y me informó que se lo había pasado al director [Rodolfo Schmidt]. A fines de esa semana [sábado 24] me contó que había gustado mucho, pero que querían acortarlo y que él se había opuesto. Posteriormente me llamó para decirme que habían llevado el asunto al directorio y que lo publicarían».

Pero Mónica González no había autorizado aún la publicación. Por lo mismo, el miércoles 28, según el relato del propio Huepe en la misiva, hablaron por teléfono. En ese minuto, ella le pidió que intercediera para que El Diario de Caracas no publicara la entrevista. Huepe habló con Jorquera, pero este se negó. «Pensarían que estamos pagados por Pinochet», le dijo, según escribió Huepe en la carta. El DC agregó que no había podido hablar con el director del diario, aunque sí con su asistente. «Le planteé el asunto con mucho dramatismo, diciéndole incluso que había problemas de seguridad y que la autora me había pedido que no lo publicaran», escribe Huepe.

A Mónica González le preocupaban dos cosas. Con Parada y Guerrero habían convenido adelantar el contenido de la entrevista a los familiares de las víctimas, pues era la confirmación de que muchos de ellos habían sido salvajemente asesinados. Además, las hijas de la periodista llegarían a Chile en diciembre desde París y ella no quería exponerlas a ningún peligro.

Pese a todo, la entrevista se publicó en Caracas, los días 7, 8 y 10 de diciembre de 1984. El reportaje, titulado en su primera entrega «LA TORTURA EN EL CHILE DE PINOCHET: ONCE AÑOS DE CRÍMENES RELATÓ UN ESBIRRO ARREPENTIDO», parte con una introducción de Jorquera, en la que afirma: «Hay fundado temor por la vida de Mónica González. Es de esperar que esta entrevista convenza a la CNI de que ya no vale la pena asesinarla».

La publicación clausuró cualquier posibilidad de acuerdo con The Washington Post y, de paso, la obtención de una retribución económica.

Un año después, González recibió otra misiva, esta vez de parte de Carlos Jorquera, la que, sin embargo, estaba fechada el 8 de diciembre de 1984. Ahí, «el Negro» le explicaba por qué no se la había jugado por detener la publicación: «Cuando el material estaba compuesto –es decir, las páginas montadas–, CH [Claudio Huepe] me llamó de urgencia, cumpliendo una solicitud tuya, para pedirme que detuviera la publicación. Le dije rotundamente que no. Por infinitas razones, algunas de las cuales son las siguientes: si, cuando el material iba a entrar a prensa, me juego para que no se publique (luego de todo lo que había hecho), entonces habría tenido que comprarme otra cara y olvidarme de todo lo que he tratado de hacer en mi vida. Porque, querida Mónica, NADIE habría dejado de pensar –y de ahí a asegurar no hay más que un breve plazo– que a mí me había pagado la CNI o que la embajada de Chile me había engolosinado con cualquier embeleco o que, simplemente, la CIA había conseguido meterme susto. A partir de ese instante, me habrían faltado años (y no son muchos los que me quedan) para tratar de explicar la verdad».

La publicación trajo otros costos para González. En la Vicaría hubo quienes se molestaron, pues consideraban que la seguridad de «Papudo» –quien en todo caso ya estaba fuera de Chile– se había puesto en riesgo. Además, aún no se presentaba a la justicia su declaración jurada. También hubo familiares de detenidos desaparecidos que reaccionaron airadamente. Y, con los años, Manuel Guerrero hijo ha señalado que la entrevista se publicó antes de que su padre tomara las medidas de seguridad necesarias para no ser asesinado, tal como ocurrió casi cuatro meses después, el 30 de marzo de 1985, cuando fue degollado junto a José Manuel Parada y Santiago Nattino, por agentes de la DICOMCAR.

–¿Qué siente cuando Manuel Guerrero hijo conecta la publicación de la entrevista con la muerte de su padre?

–Mucho dolor –responde Mónica González, en su oficina de CIPER.

–¿Ha hablado con él sobre el tema?

–Sí. Pero eso es privado.

No fue esta, sin embargo, la única publicación sobre «Papudo» antes de que Parada, Guerrero y Nattino fueran ultimados. En su edición de enero-febrero de 1985, la revista Mensaje reprodujo la declaración jurada de Valenzuela. Además, Mensaje conectó por primera vez a «Papudo» con la Vicaría de la Solidaridad, al señalar que el vicario Santiago Tapia había solicitado a la Corte Suprema la designación de un ministro en visita para investigar las revelaciones del desertor de la FACH. Pero, un mes antes de su detención, otro hecho dejó en la mira a Guerrero y Parada: la información que entregó un militante del PC acerca del trabajo que estaban desarrollando en la Vicaría.

«No pude darle la mano»
Antes de que Andrés Valenzuela saliera de Chile, la Vicaría se contactó con la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Buenos Aires. Allí, la uruguaya Bernabela «Belela» Herrera Sanguinetti, funcionaria del organismo, tenía un fluido contacto con la Vicaría de la Solidaridad y la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Chilenas (FASIC). Además, sentía fuertes lazos con Chile, pues en los setenta había estudiado en el país y vivido en Santiago el golpe militar, y hasta 1980 ayudó a sacar a opositores del régimen hacia el extranjero. «Cuando ellos requerían nuestra ayuda en un caso pesado, me contactaban. Solo tenían que decirme “te mando una botella de pisco”», relata Herrera, quien entre 2005 y 2008 sería vicecanciller de su país, durante el gobierno de Tabaré Vásquez.

En la primavera de 1984, «Belela» Herrera recibió un llamado desde Santiago anunciándole, en clave, que debía recibir a un nuevo refugiado. Y un domingo en la noche tuvo frente a ella a Andrés Valenzuela. Lo acompañaban dos personas –al menos uno abogado de la Vicaría–, quienes le explicaron de quién se trataba. Herrera recuerda su reacción: «Sentí pánico, pavor y asco. Me costó darle la mano».

De inmediato lo trasladó a un hotel en el centro de la ciudad, lejos de los que frecuentaban los refugiados chilenos. No solo había que proteger a «Papudo» de los servicios de seguridad de la dictadura; de haberse enterado de su presencia, también los refugiados de la oposición chilena lo hubiesen agredido. «Usted se me queda en este hotel y la única persona que lo va a visitar soy yo. Si lo llegan a ver los refugiados, lo matan», le advirtió. «Fui dura con él y lo traté como a un enemigo. Él acató, porque estaba con mucho pánico», recuerda Herrera.

El exagente permaneció encerrado alrededor de diez días. Herrera lo visitó un par de veces, designó a un intermediario que tuvo contacto diario con él, y se encargó de que la Comisión Católica y CARES –que reunía a evangélicos– le llevaran almuerzo y comida a diario a su habitación.

Valenzuela se quejaba. «Estaba ansioso y asustado. Quería salir cuanto antes pero estas cosas demoraban», explica Herrera, quien, cuando todo estuvo listo, lo dejó en manos de un funcionario de la embajada de Francia, país que aceptó acogerlo. El funcionario partió con «Papudo» rumbo a Ezeiza, el aeropuerto bonaerense, y Herrera fue informada oficialmente de que el traslado había sido exitoso.

Un par de semanas después, la esposa y los tres hijos de Valenzuela pasaron por Buenos Aires, también recibieron ayuda del ACNUR, y finalmente se reencontraron con él en suelo galo.


GALERÍA DE PRENSA

Leave a Reply

Your email address will not be published.