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Carlos Cerda, el juez indómito

Por Alejandra Matus

Foto: Archivo diario La Nación. Universidad Diego Portales

LÍNEA DE TIEMPO

Carlos Cerda, el juez indómito

Fue el primer magistrado que estableció que la dictadura utilizaba la desaparición forzada de personas como método para exterminar opositores. No dudó en investigar a las cúpulas de los servicios represivos, desafiando la omnipresencia de la Ley de Amnistía y enfrentándose directamente con sus superiores de la Corte Suprema. En el imprevisible pero minucioso Carlos Cerda se inspira, en parte, el magistrado Eduardo Varela, interpretado por el actor Francisco Reyes en esta segunda temporada de Los archivos del cardenal.

Por Alejandra Matus

L

a presencia de Carlos Cerda Fernández, el eterno candidato a la Corte Suprema, apenas se siente por estos días en los pasillos de la Corte de Apelaciones de Santiago, su residencia laboral. Tras décadas de postergación y vetos, parece que al fin su nombramiento en el máximo tribunal es inminente. La Corte Suprema propuso a cinco candidatos para el ascenso, en reemplazo del recientemente jubilado Juan Araya. Cerda obtuvo la primera mayoría de la quina presentada a la Presidenta Michelle Bachelet el 24 de marzo de 2014. Ahora ella debe escoger uno de esos nombres y pedir la aprobación del Senado. En círculos judiciales y políticos se da por hecho que optará por Cerda.

A fines del año pasado, en todo caso, su nominación también se consideraba segura, en virtud de un acuerdo de palabra entre el gobierno de Sebastián Piñera y la entonces oposición. Sin embargo, a última hora Piñera pidió al Senado pronunciarse, en vez de Cerda, por el antofagastino Carlos Aránguiz, el juez del caso Coimas que se convirtió en dolor de cabeza para la administración Lagos.

El poder de veto del Senado sobre los nombramientos de los ministros de la Corte Suprema, incorporado en la reforma a la justicia en los 90, ha decantado en uno de los clásicos equilibrios del sistema binominal: cada una de las alianzas obtiene, por turnos, un nombramiento en el máximo tribunal a medida que producen las vacantes. Ese patrón es el que se rompió con la nominación de Aránguiz, pues se produjo inmediatamente después del nombramiento de la magistrada Gloria Ana Chevesich, la investigadora del caso MOP Gate, quien, como Aránguiz, había sido apoyada por la derecha. No obstante, el traspié permitió a las fuerzas de la Nueva Mayoría conseguir el compromiso de los senadores de RN de votar, ahora sí, por Cerda.

El juez Carlos Cerda fue el primero en procesar a agentes de la dictadura por la desaparición forzada de personas. Archivo diario La Nación. Universidad Diego Portales

El juez Carlos Cerda fue el primero en procesar a agentes de la dictadura por la desaparición forzada de personas.
Archivo diario La Nación. Universidad Diego Portales

La elección le ha sido esquiva al juez, además, porque a pesar de sus fallos emblemáticos en causas de derechos humanos, difícilmente se le puede endosar a un sector político. Víctima de una indomable independencia, ha envejecido en la Corte de Apelaciones, donde cumple 34 años de servicio, pese a que son pocos los que discuten sus méritos para ascender al máximo tribunal.

Ahora que el pan está en la puerta del horno, Cerda espera en silencio. Quizás, porque sabe que una palabra suya bastará para condenarlo.

Esta es la historia del magistrado en quien se inspira, en gran parte, el personaje del juez Eduardo Varela, personificado por el actor Francisco Reyes, en la segunda temporada de Los archivos del cardenal. El primer magistrado que estableció que la dictadura utilizaba la desaparición forzada de personas como método para exterminar opositores y que, para eso, investigó a las cúpulas de los servicios represivos, desafío la omnipotencia de la Ley de Amnistía y se enfrentó a sus superiores en la Corte Suprema.

Fallo contra el padre
Carlos Cerda Fernández entró al Poder Judicial en 1965 como oficial de secretaría en el Cuarto Juzgado Civil de Santiago, gracias a una gestión del ministro de la Corte Suprema, José María Eyzaguirre, y de su profesor de Derecho, Ricardo Gálvez, hombres que serían considerados cercanos a la derecha durante la dictadura.

Juez Carlos Cerda Archivo diario La Nación. Universidad Diego Portales

Juez Carlos Cerda
Archivo diario La Nación. Universidad Diego Portales

Apenas ingresó oficialmente al servicio, la Corte Suprema aprobó que se fuera en comisión de servicios a la Universidad de Lovaina, Bélgica, donde obtuvo el grado de doctor con la tesis que tituló “El juez y los valores jurídicos”.

A su regreso, en 1968, fue nombrado secretario en el tribunal de Santa Cruz, en la Sexta Región. Como tal, en ocasiones le correspondió reemplazar al juez. Según relató el ex diputado RN Maximiano Errázuriz a El Mercurio, en 2007, a ese tribunal llegó a comienzos de los 70 un caso que involucraba al respetado agricultor de esa localidad, Samuel Cerda. Un empleado suyo, despedido por ausentismo laboral, demandaba la reincorporación. En su calidad de abogado, Maximiano Errázuriz alegó que el trabajador fue despedido porque faltó una semana sin dar explicaciones. Carlos Cerda falló en contra del agricultor y ordenó reincorporar al empleado, a pesar de que la parte perjudicada con el fallo era nada menos que su propio padre. Al final, Errázuriz logró que la Corte de Apelaciones de Rancagua revocara lo resuelto por Cerda hijo y dio la razón a su progenitor.

Cerda llegó a la Corte de Apelaciones de Santiago en 1974, como relator. Otra vez viajó al extranjero para doctorarse en París, en filosofía en Derecho, donde recibió entrenamiento sobre cómo conducir una investigación. De regreso, en 1979, fue nombrado relator en la Corte Suprema. Cuando faltaban cuatro días para que comenzara 1983, se incorporó a la Corte de Apelaciones de Santiago como magistrado titular. No cumplía aún tres meses en el cargo, cuando se le asignó investigar el llamado “caso de los 13”, sobre el secuestro y desaparición de la dirección clandestina del Partido Comunista y dos militantes del MIR, que ocurrió entre el 29 de noviembre y el 20 de diciembre de 1976.

La fuerza del azar
Los secuestros comenzaron el 29 de noviembre de 1976, con la captura del mirista Santiago Edmundo Araya Cabrera. Ante la presentación de un recurso de amparo en su favor, el ministerio del Interior informó que Araya había salido a pie de Chile por el paso fronterizo Los Libertadores.

El 9 de diciembre Armando Portilla, miembro clandestino del Comité Central del PC, fue detenido en la calle. El 13 de diciembre fue secuestrado Fernando Navarro Allendes, también parte de la dirección clandestina. El 15 de diciembre cayeron Horacio Cepeda Marinkovic, Lincoyán Berrios Cataldo, Juan Fernando Ortiz Letelier, Waldo Pizarro Molina, Héctor Veliz Ramírez, Luis Lazo Santander y Reinalda Pereira Plaza. Esta última, de 29 años, tenía cinco meses de embarazo.

El 18 de diciembre fueron detenidos por separado Lizandro Cruz Díaz, militante comunista, y Carlos Durán González, del MIR. El último detenido del caso fue Edras Pinto Arroyo, sacado de la casa de sus padres por tres agentes el 20 de diciembre de 1976.

El “caso de los 13” generó tal agitación pública que la justicia designó un magistrado para que lo estudiara en forma exclusiva. Pero, como era habitual en aquellos años en que la dictadura tenía el poder casi total del país, el juez, Aldo Guastavino, dio crédito a los certificados de extranjería exhibidos por el ministerio del Interior, que afirmaban que los 13 desaparecidos habían salido de Chile.

En el oficio No. 791 de 1977, el titular de Interior de la época, Enrique Montero Marx, respondiendo a la consulta por la suerte de ocho de estos desaparecidos, señala: “Consultado el Departamento de Extranjería de la Dirección General de Investigaciones, se informó, mediante los documentos que se adjuntan para su conocimiento, que todas las personas indicadas en el punto anterior registran salidas del territorio nacional, en las fechas y lugares que en cada caso se señala”.

Guastavino jubiló y el caso pasó a otro magistrado que lo dejó dormir hasta que ascendió a la Corte Suprema y entonces, por azar, quedó en manos del recién llegado Cerda.

Familiares de detenidos desaprecidos protestan en tribunales cuando cortes superiores impiden que Cerda continúa con su investigación en el "caso de los 13". Archivo diario La Nación. Universidad Diego Portales

Familiares de detenidos desaprecidos protestan en tribunales cuando cortes superiores impiden que Cerda continúe con su investigación en el “caso de los 13”.
Archivo diario La Nación. Universidad Diego Portales

Un año más tarde, en 1984, el entonces oficial de la Fuerza Aérea Andrés Valenzuela, “Papudo”, se transformó en el primer desertor de un servicio de seguridad: se presentó en la revista Cauce y le confesó a la periodista Mónica González haber participado en la desaparición forzada de personas. La periodista hizo el contacto para que la Vicaría tomara el caso y protegiera al ex agente. Gracias a su testimonio, los abogados del organismo se enteraron de la existencia de otra fuerza represiva, paralela a la DINA. Este aparato fue bautizado como Comando Conjunto por Valenzuela y el abogado de la Vicaría Héctor Contreras, quien le tomó una extensa declaración. Contreras era jefe de la Unidad de Denuncias en la Vicaría, cuya tarea era investigar los crímenes de los servicios de seguridad.

El Comando Conjunto había nacido en 1975 y funcionó hasta 1977, al alero de la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea con la aspiración, tal como lo fue inicialmente la de la DINA, de coordinar los esfuerzos de todos los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas y las policías. Gradualmente se integraron agentes de la Armada y Carabineros. Participaban también civiles de Patria y Libertad que fueron contratados por la Fuerza Aérea. Prácticamente no contaba con agentes del Ejército. Uno de sus efectivos era “Papudo”.

El equipo jurídico de la Vicaría necesitaba un tribunal para entregar la información que había aportado Valenzuela, antes de que lo sacaran clandestinamente del país, y estaba contra el tiempo: en diciembre de 1984 El Diario de Caracas publicó una entrevista a “Papudo” realizada por la periodista Mónica González, sin contar con la autorización de la profesional. Esto ocurrió cuando los abogados intentaban que las agrupaciones de familiares de las víctimas entendieran por qué protegían a un ex agente y cuando el vicario de la Solidaridad aún no estaba del todo convencido con esta protección.

“En la Vicaría conocíamos algo de Cerda porque la Iglesia compraba los pasajes en la agencia de viajes de su esposa. Lo testeamos y nos dimos cuenta de que tenía la intención de investigar a fondo y consideramos que eso abría una ventana hacia el Comando Conjunto”, recuerda el abogado Héctor Contreras. El profesional explica que siempre sospecharon que los 13 desaparecidos correspondían a una operación de la DINA, pero que esta causa entregaba una plataforma posible para alojar las indagatorias sobre el Comando Conjunto. Una suerte de caballo de Troya para indagar sobre este desconocido aparato represivo.

Como primer paso, Cerda demostró que los certificados de extranjería que se usaron para negar las desapariciones eran falsos.

Estirando el elástico
El magistrado trabajó día y noche, sábados y domingos. Realizó 300 interrogatorios a 124 personas, descubrió una red de centros de detención y tortura que habían pertenecido al Comando Conjunto, determinó un nuevo conjunto de víctimas que habían estado en manos de esa agrupación y desatendió las amenazas que se le hacían, especialmente la de quedar en las listas negras al interior del Poder Judicial.

Poco a poco, la investigación pasó a conocerse como “el caso Cerda”.

“Lo más importante de su trabajo”, dice el abogado Contreras, “es que develó la ejecución del método de la desaparición forzada”.

Por su despacho empezaron a pasar generales, coroneles. Para incorporar sus retratos en las pericias de reconocimiento, los hacía pasar solos a un cuarto vacío. Un perito de Investigaciones, especialmente entrenado por Cerda, los fotografiaba de un modo especial: varias tomas de cuerpo entero, con distinto grado de acercamiento. Luego, para retratar el rostro, los hacía girar lentamente y cada 15 grados tomaba una foto. “Los generales tiritaban. No estaban preparados para eso. Y el magistrado no lo hacía por darse un gusto, sino porque mucha gente conoce a las personas por la espalda, de refilón, por una mancha. Gracias a ese método se lograron muchas identificaciones”, relata el abogado.

A mediados de 1986, el magistrado dictó arraigos nacionales contra 32 sospechosos. Una bomba estalló en el estacionamiento donde aparcaba su auto, en las afueras del edificio de tribunales. Desconocidos lo siguieron y le tomaron fotos. Sin inmutarse, el magistrado se bajó de su auto y con el auxilio de los carabineros que lo custodiaban, detuvo a uno de los sujetos que lo seguía y lo llevó al tribunal para interrogarlo. Allí, el tipo afirmó que formaba parte de la guardia de Daniel Guimpert, el teniente en retiro que era el oficial de enlace de la Armada con el Comando Conjunto y quien tenía que participar en la rueda de reconocimiento.

Juez Carlos Cerda Archivo diario La Nación. Universidad Diego Portales

Juez Carlos Cerda
Archivo diario La Nación. Universidad Diego Portales

Héctor Contreras recuerda que fue en ese momento cuando comenzó el acoso de la Corte Suprema. “Le reprocharon haber detenido al agente y haberle quitado las fotos, pues la Armada había reclamado que se trataba de un procedimiento de protección hacia uno de sus hombres”, relata.

Cerda se dio cuenta de que se le acababa el tiempo.

En medio de un ambiente de conmoción periodística y política, el 14 de agosto de 1986, cuando el expediente sumaba ocho mil fojas, dictó el procesamiento de 40 personas, entre ellas 38 miembros de las Fuerzas Armadas, incluyendo al ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Gustavo Leigh, como autores de “privación ilegítima de libertad” y “asociación ilícita”, en los casos de dos de los desaparecidos, Edras Pinto y Reinalda Pereira. El ministro eligió con astucia tanto a los procesados (todos altos mandos); los casos (la Corte Suprema le había reprochado también que se circunscribiera a su causa); y los delitos (ninguno de los dos estaba tipificado en la justicia militar y por lo tanto ésta no podría reclamarlos).

“Estaba estirando el elástico, por cierto. Lo que nosotros esperábamos, en nuestros sueños, era que la Corte confirmara su decisión y que Cerda pudiera desprenderse del caso Comando Conjunto con encargatorias de reo incluidas, con lo que le habría sido difícil a otro juez desandar lo avanzado”, recuerda Contreras.

Las resoluciones provocaron un terremoto al interior del gobierno. Hubo reuniones en La Moneda, en el ministerio de Defensa y en cada una de las ramas armadas implicadas. El ministro de Justicia, Hugo Rosende, conversó al menos dos veces sobre el tema con ministros de la Corte Suprema.
Desde el gobierno los procesados recibieron la sugerencia de presentar recursos de queja para que la causa “subiera” a la Suprema. El 6 de octubre de 1986, la Segunda Sala del máximo tribunal, con los votos de Enrique Correa Labra, Marcos Aburto, Estanislao Zúñiga y Hernán Cereceda, dejó sin efecto las encargatorias de reo y ordenó a Cerda sobreseer definitivamente el caso por aplicación de la Ley de Amnistía.

Juez Carlos Cerda Archivo diario La Nación. Universidad Diego Portales

Juez Carlos Cerda
Archivo diario La Nación. Universidad Diego Portales

La ira de los supremos
Cerda, en una decisión inédita, envió un oficio a sus superiores, comunicándoles que no cumpliría sus deseos, pues, de acuerdo con el artículo 226 del Código Penal, los magistrados no están obligados a acatar una orden evidentemente contraria a la ley. “En mi modesto concepto, sobreseer en este momento en razón de la Ley de Amnistía es a todas luces contrario a derecho (…). Por eso suspendo la orden que me han dado mis superiores”.

Según el ministro, solo en el momento de la sentencia definitiva cabía discutir la procedencia de la amnistía. No mientras la investigación estuviera en curso. Y tampoco mientras los desaparecidos siguieran en esa condición, pues el delito continuaba cometiéndose después de 1978, hasta donde llegaba el período que cubría esa ley.

Pero la Corte Suprema no estaba en ánimo de aceptar el principio de “obediencia reflexiva”, que implica el derecho de los subalternos a representar ante sus superiores una orden que consideren manifiestamente injusta y que hasta las Fuerzas Armadas reconocen, en principio, a su personal.

El 9 de octubre la corte castigó a Cerda con dos meses de suspensión y rebaja de su sueldo a la mitad, bajo el cargo de “alzarse y discutir resoluciones judiciales” y de “desconocer absolutamente sus obligaciones y faltar gravemente a la disciplina judicial”. Al conocer esta resolución en su contra, el ministro Cerda pidió perdón a los chilenos; no a la Corte: “No tengo derecho a nada. Más bien a los chilenos les pido perdón si no he sabido responder al servicio que les debo como ministro de la Corte de Apelaciones. Simplemente eso”.

En reemplazo de Cerda se designó al juez Manuel Silva Ibáñez, quien se declaró “muy halagado” con el nombramiento. “Llevo 20 años en esta carrera y ahora me ha correspondido hacer una suplencia de gran importancia”, dijo y poco después dictó solícito el sobreseimiento del caso.

Silva Ibáñez fue también quien, en 1985, como titular en el mismo Sexto Juzgado en Santiago, recibió al atribulado abogado de la Vicaría Héctor Salazar, quien presentaba una querella por los secuestros de los comunistas José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino, ocurridos a plena luz del día y ante numerosos testigos. Silva la rechazó porque no identificaba a los culpables. Horas más tarde, el abogado volvió con un dato que les hubiera salvado la vida: los secuestrados se encontraban en un cuartel de Carabineros en calle Dieciocho, conocido como “La Firma” y que, por siniestra coincidencia, había sido uno de los locales identificados por Cerda como pertenecientes al Comando Conjunto. Salazar le dio la dirección y le pidió a Silva que se constituyera ahí inmediatamente. El juez desoyó las súplicas. Horas después, Parada, Guerrero y Nattino aparecieron degollados, luego de haber sido flagelados en ese recinto.

Juez Carlos Cerda Archivo diario La Nación. Universidad Diego Portales

Juez Carlos Cerda
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¿Se ara el mar con los bueyes?
Al finalizar 1986, después de cumplida la suspensión, el ministro Cerda Fernández fue calificado en Lista Tres y quedó al borde de la expulsión del Poder Judicial, por haberse negado a dictar el sobreseimiento en el proceso con por el “caso de los 13”, que su colega aplicó tan diligentemente durante su ausencia. Era la primera vez en su carrera judicial que no era calificado en Lista Uno.

Pero la batalla por esclarecer qué había ocurrido con los 13 desaparecidos no terminó. Los familiares de las víctimas presentaron recursos de queja para tratar de enmendar el rumbo del proceso. La Corte Suprema no aceptó sus argumentos y en agosto de 1989 reiteró su opinión acerca de que correspondía archivar para siempre el caso. Como resultado, y puesto que no quedaban recursos pendientes, la Corte de Apelaciones ordenó dictar el “cúmplase” del cierre definitivo de la causa.

Cerda contaba ahora con la incorporación a la Constitución de los pactos internacionales de protección a los derechos civiles y políticos, y nuevas condiciones políticas en el país que, tras el plebiscito del 5 de octubre de 1988, se preparaba para el retorno de la democracia. En vez de dictar el cúmplase, archivó el expediente temporalmente, lo que dejaba el caso durmiendo solo hasta que un nuevo antecedente obligara a reactivarlo.

El 30 de agosto de 1989, Cerda comunicó a sus superiores su decisión y sus razones:

“¿Qué hace entonces el juez que al tiempo de enfrentarse a un ‘cúmplase’ de rutina perciba que con él vulnera abiertamente lo que la sociedad mayoritariamente en un primer atisbo de soberanía popular, después de lustros de excepcionalidad jurídica, le encarga preservar? (…) ¿Y por qué, me pregunté, siendo mis superiores y yo miembros de un mismo cuerpo -el querido Poder Judicial- podemos concebir una misma cosa de manera tan distinta y opuesta? ¿Y por qué los presiento a ellos tan lejanos de la fuente de lo justo, mientras yo tan cercano? ¿Cómo comprobar que no se trata únicamente de mi arrogancia y pedantería?”.

Cerda dijo que no halló justificación legal ni valórica para la resolución que se le estaba imponiendo y sí para oponerse a ella, aferrándose al juramento de guardar la Constitución y las leyes, que hizo -en el nombre de Dios- cuando se invistió de juez. Para mayor enfado de los ministros de la Suprema, mayoritariamente declarados católicos, el magistrado invocó la Biblia:

“¿Galopan los caballos por las rocas? ¿Se ara el mar con los bueyes? Pues vosotros hacéis del juicio veneno y del fruto de la justicia, ajenjo (…) Tus príncipes son prevaricadores. No hacen justicia al huérfano y a ellos no tiene acceso la causa de la viuda. Por eso dice el Señor, Yavé Sebaot, el Fuerte de Israel: reconstituiré a tus jueces como jueces como eran antes y a tus consejeros como al principio. Y te llamarán entonces ciudad de justicia, ciudad fiel. Y Sión será redimida por la rectitud, y los conversos de ella, por la justicia”.

La súplica del juez
La osadía de Cerda pasó sin reparos hasta el año siguiente. A mediados de 1990, sin embargo, los ministros del máximo tribunal fueron advertidos de que el cúmplase en el caso “de Los 13” seguía pendiente y ordenaron a Cerda acatar la resolución. El magistrado, sin encontrar acogida a sus planteamientos, obedeció esta vez, y el 20 de julio creyó que cerraba definitivamente la causa, sin imaginar que en el futuro la tesis de la Vicaría y que él había acogido, aquella del secuestro permanente y de la imposibilidad de amnistiar delitos de lesa humanidad ,permitirían reabrirla. Cerda no tuvo tiempo para ir tras la pista de la DINA –aunque ya había citado a declarar a Manuel Contreras- que, como se demostraría años más tarde, era la verdadera responsable del “caso de los 13”.

Juez Carlos Cerda Archivo diario La Nación. Universidad Diego Portales

Juez Carlos Cerda
Archivo diario La Nación. Universidad Diego Portales

En enero de 1991, como se acercaba el período de las calificaciones, la mayoría de los supremos se apresuró en dictar una sanción contra Cerda, que sirviera de precedente para su posterior evaluación. El 16 de enero, un pleno convocado extraordinariamente lo castigó, nuevamente, con dos meses de suspensión, durante los cuales recibiría solo la mitad del sueldo.

Para diez de los 14 magistrados que asistieron, la renuencia de Cerda había constituido “un desconocimiento absoluto de sus obligaciones y una gravísima falta a la disciplina judicial”, que se veía agravada por el hecho de haber sido sancionado en 1986 por similar razón. En la minoría, Marcos Aburto y Marco Aurelio Perales votaron por sancionarlo solamente con una amonestación escrita. Rafael Retamal y el recién llegado Roberto Dávila estimaron que cabía apenas “observar” al ministro su omisión.
Apenas unos días más tarde la Corte Suprema se reunió nuevamente para hacer las calificaciones anuales. Con la suspensión como precedente, nueve ministros votaron por poner a Cerda en Lista Cuatro. Aunque la votación fue dividida, con ese dictamen Cerda quedaba fuera de la judicatura.

El magistrado regresaba de un viaje a Estados Unidos, donde pasó un período como profesor invitado en Harvard, cuando fue notificado de la sanción. Ante el asombro de quienes lo conocían, en vez de tomar sus cosas y marcharse, pidió a la Corte Suprema que reconsiderara la medida. Aunque no se retractó de sus actuaciones, redactó una emotiva súplica a sus superiores, para que lo mantuvieran en el servicio. Luego, pidió audiencias a cada uno de ellos. Cerda buscó dejarles en claro que nunca pretendió alzarse por sobre sus investiduras, pues sabía que era la arrogancia que sus superiores veían en sus actos lo que más les molestaba.

En opinión de muchos de quienes lo defendían, Cerda Fernández se estaba humillando, pero el ministro no se detuvo ante las críticas de sus admiradores. Pidió perdón –“un perdón muy sincero. Íntimo. Profundo”- y suplicó:

“Tal vez soy distinto. A lo mejor, difícil. A vuestros ojos, probablemente altanero y algo más. Pero si hay en el Poder Judicial espacio para un juez así, es decir, que no puede dejar de ser como es y que quiere con todo su ser continuar en la institución, os suplico hagáis todo lo que esté de vuestra parte por reconsiderar vuestra decisión”.

Con su presentación, el ministro logró dos votos en el nuevo pleno extraordinario que declaró, por 9 nueve contra 7, que Cerda podía permanecer en el Poder Judicial, aunque con la mancha de haber quedado en Lista Tres por segunda vez en su vida. De paso, para el resto de la magistratura quedó claro el mensaje de que la Corte Suprema no aceptaría actos de insubordinación, aun bajo el nuevo escenario político. También, el concepto de que debía aplicarse la Ley de Amnistía a los casos por violaciones a los derechos humanos, justo cuando comenzaban a reactivarse.

Juez Carlos Cerda Archivo diario La Nación. Universidad Diego Portales

Juez Carlos Cerda
Archivo diario La Nación. Universidad Diego Portales

La doctrina Cerda
El lunes 4 de marzo de 1991 el Presidente Patricio Aylwin dio a conocer el Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, conocido como informe Rettig. El texto contenía una severa crítica a la actuación de la Justicia durante la dictadura.

“La actitud adoptada durante el régimen militar por el Poder Judicial produjo, en alguna importante e involuntaria medida, un agravamiento del proceso de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, tanto en lo inmediato, al no brindar la protección de las personas detenidas en los casos denunciados, como porque otorgó a los agentes represivos una creciente certeza de impunidad por sus actuaciones delictuales”, decía el documento.

Poco a poco los planteamientos de Cerda y otros magistrados que fueron perseguidos durante la dictadura por intentar avanzar en las causas sobre derechos humanos, como Milton Juica y Alejandro Solís, se fueron imponiendo en los tribunales superiores y se hicieron doctrina tras el arresto de Augusto Pinochet en Londres.

Cerda vio a varios de sus colegas superar trabas y vetos y llegar a la máxima magistratura, pero él siguió esperando. Varias veces estuvo en las quinas de ascenso a la Suprema, pero su nombre no fue escogido. Y es que el ministro también ha generado anticuerpos entre quienes reconocen su valentía. Uno de sus críticos es el abogado Carlos Peña, con quien Cerda fundó el Centro de Investigaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, junto a los también abogados Jorge Correa Sutil y Cristian Riego. En 2006, el actual rector de la UDP –de la que forma parte el Centro de Investigación y Publicaciones (CIP) que publica casosvicaria.udp.cl- hizo pública su discrepancia con la forma en que Cerda comprende la fuente del Derecho y sostuvo que le parecía bien que su nombre no haya sido aprobado para integrar la Corte Suprema en ese entonces. Su diferencia con Cerda, un hombre profundamente católico, es que el magistrado sustenta sus resoluciones en una concepción de justicia de origen divino y no apoyada necesariamente en la deliberación de los seres humanos, al margen de Dios.

“En un sistema legal moderno -ese que Weber llamó racional- esperamos que los jueces sean, ante todo, fieles a la ley. Incluso, a costa de traicionar su conciencia. La ley es la expresión de autogobierno del conjunto de los ciudadanos. Todos esperamos entonces que los jueces sean leales, sin ningún género de restricciones, a ella”, dijo Peña en 2006. “Lo que aparece como virtudes en una dictadura -la indocilidad ante las reglas para preferir, en cambio, oír al propio sentido de justicia- pueden ser defectos severos en una democracia”, remató el actual rector, quien recordó en esa columna que Cerda, motivado por sus propias convicciones, se negaba a ratificar las nulidades, el resquicio que usaba la gente para divorciarse antes de la existencia de la ley que lo permite, y aún más los amenazaba con procesarlos por perjurio, por mentir ante el tribunal (pedir la nulidad era básicamente mentir, diciendo que no se vivía en el lugar donde se declaró en el momento de la unión civil).

Juez Carlos Cerda Archivo diario La Nación. Universidad Diego Portales

Juez Carlos Cerda
Archivo diario La Nación. Universidad Diego Portales

Con un pie en la Suprema
Quizá la mayor prueba para Cerda fue investigar el llamado “caso Riggs”, en que le correspondió determinar si Augusto Pinochet y su familia se enriquecieron ilícitamente. En 2007, el magistrado ordenó el procesamiento de 23 personas, incluyendo a la esposa e hijos de Pinochet. Los abogados defensores lo acusaron de estar sesgado y de actuar con animosidad contra el clan. Descalificaron la prolijidad de los procedimientos judiciales y lograron que, una vez más, la Corte Suprema revocara sus decisiones.

En una entrevista concedida a El Mercurio, con motivo de un premio que le otorgó una fundación estadounidense, Cerda fue consultado si tenía plena confianza en el Poder Judicial chileno. Respondió: “Sí, en los aspectos sustantivos. Sobre todo en el ámbito penal, creo que la sala penal de la Corte Suprema ha puesto al derecho chileno al día. A las otras les falta mucho, me parece a mí”. Estas palabras motivaron un nuevo reproche de sus colegas del máximo tribunal. La salud del magistrado se resintió después de eso y él mismo solicitó ser reemplazado en la tramitación de la causa por el caso Riggs. En tiempo récord, la Corte Suprema acogió su pedido y le entregó el caso al magistrado Manuel Valderrama.

Repuesto de sus problemas de salud, el magistrado ha continuado trabajando en las tareas propias de su cargo como presidente de la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones. Entre 2012 y 2013 pasó buena parte de su tiempo como ministro suplente en el máximo tribunal y sus colegas son hoy tal vez, a diferencia de otros tiempos, los más entusiastas con su posible nombramiento en la Suprema.


Carlos Cerda a un paso de la Suprema
Fuente: CNNChile.

En sus primeras declaraciones como recién elegido presidente de la Corte Suprema, el magistrado Sergio Muñoz afirmó que “Carlos Cerda Fernández hace muchos años que debiera haber estado en la Corte Suprema y creo que, efectivamente se le ha pospuesto de una manera que no corresponde. Es un aporte al Poder Judicial, es un aporte a Chile la presencia de Carlos Cerda en la judicatura”.

Cerda, casado, ocho hijos, tiene ya 70 años. En cinco más, tendrá que jubilar. Si es nombrado en la Corte Suprema conseguirá, aunque tardía, la reivindicación de su nombre y de sus actuaciones judiciales que, independientemente del fundamento filosófico que hayan tenido, demostraron que investigar e impartir justicia sí era posible en Chile, aún bajo dictadura.


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