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La Vicaría en la mira del régimen

En 1986 la dictadura inició una fuerte ofensiva judicial contra el organismo eclesiástico fundado por el cardenal Silva Henríquez. Fue el debut de un desconocido fiscal militar que adquiriría fama de duro entre duros. Su detonante: una acción del FPMR que dejó un carabinero muerto y un joven herido a bala. El asalto a la panadería Lautaro y sus insospechadas consecuencias inspiraron parte del primer capítulo de esta segunda temporada de Los archivos del cardenal.

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parentaba unos 20 años, era bajo, moreno y parecía un tipo tranquilo, hasta quitado de bulla. La mañana del lunes 28 de abril de 1986 llegó a la Vicaría de la Solidaridad, frente a la Plaza de Armas de Santiago, acompañado por su conviviente y una hermana. Se llamaba Hugo Gómez Peña y contó una historia que sonaba habitual para los funcionarios del organismo eclesiástico: unas horas antes iba caminando por una población de San Bernardo cuando ocurrió una balacera entre desconocidos y Carabineros. Él solo atinó a correr, dijo, antes de ser impactado.

Aunque podía caminar, Gómez Peña lucía una horrible herida sin salida de proyectil en uno de sus glúteos. Al ver la sangre, la asistente social Victoria Baeza supo que era una emergencia y decidió saltarse el procedimiento habitual de llenar una ficha con los datos del paciente y su relato.

Baeza lo ingresó inmediatamente al pequeño consultorio médico de la Vicaría, donde trabajaba un reducido staff de especialistas atendiendo a perseguidos políticos y a sus familias. De turno estaba el cirujano Ramiro Olivares. El país llevaba tres años de protestas callejeras y el régimen de Augusto Pinochet intentaba apagar las movilizaciones echando mano al estado de sitio, que restringía libertades como la de reunión y que facultaba a Carabineros para actuar con mano aún más dura que lo habitual. Sumando casos de violencia innecesaria y enfrentamientos, entre 1983 y 1986 la Vicaría documentaría un total de 218 muertes a manos de agentes del Estado. La misma entidad contaba con una completa galería de imágenes con lesiones a bala, perdigones y balines, que difundía en sus presentaciones en el extranjero. Al doctor Olivares le bastó una rápida ojeada para saber que el joven había sido herido por una bala de alto calibre y que ni por asomo contaba allí con los medios para una atención adecuada.

El doctor decidió que Gómez Peña debía ser trasladado rápidamente a la Clínica Chiloé, un pequeño centro médico ubicado cerca del barrio Franklin, propiedad de tres médicos comunistas y con el que la Vicaría tenía un convenio de atención médica. En momentos en que reinaba el miedo entre los opositores a Pinochet, la clínica era uno de los pocos centros médicos comprometidos con la lucha antidictatorial. Tanto así, que junto con apoyar a la Vicaría, secretamente atendía a militantes clandestinos del Partido Comunista, incluso si se trataba de miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), el aparato militar creado en 1983 por esa colectividad para combatir a la dictadura por la vía armada.

“Así que te enfrentaste”
Antes del mediodía de ese lunes, Gómez Peña fue enviado a la Clínica Chiloé, en un vehículo de la Vicaría que sin baliza cruzó las calles capitalinas. Faltaban dos días para la conmemoración del 1° de mayo, una fecha de seguras movilizaciones opositoras. La nutrida presencia policial en el centro daba cuenta de la crispación del régimen.

La clínica estaba ubicada en calle Chiloé 1844, frente al Liceo 7 de Niñas de Santiago. Era una casona de un piso y de fachada continua, con un hall, cuatro consultas, un pabellón completo y otro más pequeño, además de seis camas, una sala de rayos y una de yeso. Había sido fundada en 1983 por el doctor Ramón Rojas, entonces militante comunista, quien invitó a un puñado de colegas a unirse al proyecto. El traumatólogo y cirujano Álvaro Reyes, también comunista, era otro de los propietarios. Reyes tenía su consulta en el recinto y además era traumatólogo del cuadro de honor de Colo Colo. Esa mañana, el doctor Reyes estaba operando en uno de los dos pabellones cuando le avisaron que el herido venía en camino.

“Así es que te enfrentaste, huevón”, bromeó al ver a Hugo Gómez Peña tendido boca abajo sobre una camilla. “Era una broma porque era obvio que iba arrancando cuando le dispararon”, recuerda hoy Reyes. El herido no respondió.

El enfermero del recinto, Claudio Muñoz, le hizo una radiografía. Cuando la vio, el facultativo supo que la herida no era tan grave. “Tenía el proyectil alojado detrás de la articulación de la cadera y no tenía comprometido nervio ciático, arteria femoral, nada”, explica Reyes. Así es que optó por no extraer la bala y solamente realizar curaciones. Le recetó analgésicos y antibióticos. Gómez Peña podía ser dado de alto ese mismo día, luego de unas horas de observación.

Un carabinero muerto
“Mataron a otro carabinero en emboscada extremista”, informaba la portada de La Segunda esa tarde. Según el vespertino, el ataque había ocurrido esa misma mañana, tras el asalto a una panadería del sector sur de Santiago, realizado por seis desconocidos que se enfrentaron a Carabineros. En la balacera murieron el cabo Miguel Vásquez Tobar y uno de los asaltantes, quien fue identificado como el miembro del FPMR Lenin César Miranda Clavijo. Otros dos carabineros quedaron heridos y al menos tres asaltantes fueron apresados.

La noticia alertó a los funcionarios de la Vicaría que habían atendido a Gómez Peña. Victoria Baeza, la asistente social que lo recibió, dio cuenta a sus superiores. La situación era grave: había muerto un carabinero y existía una posibilidad de que la Vicaría le hubiese prestado socorro a uno de sus victimarios.

Tras el surgimiento de grupos armados como el FPMR, las autoridades de la Vicaría habían trazado un límite: no se prestaría apoyo legal a quienes estuviesen involucrados en hechos de sangre. Si se presentaba algún herido implicado en una acción armada, se le prestaría auxilio médico por razones cristianas, pero dentro de las 24 horas siguientes se daría aviso a las autoridades de salud pública, tal como la ley obligaba.

En el caso de Gómez Peña, ni Victoria Baeza ni el doctor Olivares habían cumplido aún con esa obligación legal. Tampoco pensaban hacerlo. Como hacía tiempo la dictadura venía acusando a la Vicaría de amparar a terroristas, si el trámite no se cumplía dentro del plazo, esta podría ser la oportunidad del régimen para demostrarlo.

El jefe del equipo jurídico, Alejandro González, le encargó al abogado Gustavo Villalobos que fuera a la Clínica Chiloé junto al médico Ramiro Olivares. Tenía que contrastar la versión de Gómez Peña, despejar si es que había participado o no en la acción armada, y convencerlo de que presentara una denuncia a primera hora del día siguiente. “Íbamos con la sospecha de que nos había mentido”, recuerda Olivares. “El tipo estaba en una cama, muy nervioso, asustado, con ganas de irse. Gustavo (Villalobos) habló con él”.

Villalobos le preguntó derechamente si había participado en el asalto. Gómez Peña respondió que no. “Nosotros no le creíamos, aunque no había cómo refutarlo. Y le dijimos que lo mejor era que se fuera”, acota el jurista.

Pero había un problema: la pareja de Gómez Peña se había llevado su ropa ensangrentada para lavarla. Así es que Olivares y Villalobos caminaron hasta el barrio Franklin y compraron una camisa, jeans y zapatos, por $6.640. Después de dejar las prendas en la clínica, se fueron, convencidos de que el herido dejaría el recinto esa misma tarde. Al día siguiente, le explicaron antes de irse, tendría que ir a la Vicaría para cumplir con lo de la denuncia.

Pero esa tarde Gómez Peña no se fue a su casa y al día siguiente tampoco llegó a la Vicaría. Con al menos tres frentistas en su poder y un gigantesco operativo que incluyó un helicóptero, unidades de la Fuerza Aérea y un cerco sobre varias poblaciones del área sur, bastaron unas horas para que la policía y los organismos de seguridad se convencieran que él era parte de los asaltantes, todos ligados al FPMR. Gómez Peña se convirtió en prófugo. Cuando poco después su hermana y otros familiares fueron detenidos e interrogados, los organismos represivos lograron hacer el vínculo con la Vicaría de la Solidaridad y la Clínica Chiloé.

Entra Torres Silva
El doctor Álvaro Reyes dormía junto a su mujer y sus dos hijos en su casa, en Ñuñoa, cuando en la madrugada del 30 de abril sonó el citófono. A través del aparato, una voz perentoria le dijo: “Somos carabineros y va a tener que acompañarnos”. Su detención remeció el ambiente futbolístico. Antes de ser traumatólogo de Colo Colo, Reyes había sido hasta 1973 médico de la Selección Nacional de Fútbol. A mediados de los ’80 era una conocida figura entre jugadores y dirigentes del balompié.

Esa misma madrugada fueron detenidos el doctor Ramón Rojas y el auxiliar médico Claudio Muñoz. También fue allanada la Clínica Chiloé.

Apenas se enteraron por Radio Cooperativa de esas detenciones, el abogado Villalobos y el médico Olivares decidieron “fondearse” en casas de amigos. Querían evitar ser detenidos en sus hogares, sin sus abogados, y en la antesala de un fin de semana largo que partía el jueves 1 de mayo. El plan era presentarse a declarar el lunes siguiente, directamente ante el fiscal militar que instruía el caso, Luis Acevedo, para explicarle lo sucedido.

El lunes 5 el equipo jurídico de la Vicaría contactó a la Tercera Fiscalía Militar, para coordinar la visita de sus representados: Villalobos y Olivares fueron citados para el día siguiente. Llegaron juntos, acompañados por sus abogados y familiares. “El fiscal nos interrogó por separado. Le explicamos que no teníamos idea qué había ocurrido con este joven en la clínica, que suponíamos que se había ido con su hermana. El fiscal nos dijo que esperáramos las transcripciones para firmarlas y que luego de eso nos podíamos ir”, explica Villalobos.

Tras una larga espera, Villalobos y Olivares reingresaron juntos a la oficina del fiscal.

–Tengo que dejarlos incomunicados –les anunció Acevedo.

–Pero, ¿por qué?, preguntó Villalobos.

–Me llamaron del ministerio del Interior. Va a asumir un nuevo fiscal. Se llama Fernando Torres Silva.

Ninguno de los dos había escuchado ese nombre antes. Con el grado de teniente coronel, Torres Silva era fiscal castrense desde hacía solo un año. Pero era una estrella en ascenso en el firmamento del régimen y en los meses siguientes se convertiría en uno de sus rostros más duros y mediáticos. Gracias a la confianza de Augusto Pinochet, de quien era asesor legal, el llamado “fiscal ad-hoc” acabaría por acumular todas las causas contra el FPMR, especialmente luego del atentado al gobernante, que ocurriría en septiembre de ese año.

Secreto profesional
En calidad de incomunicados, Villalobos y Olivares fueron trasladados a la Cárcel Pública, un ruinoso penal entre las calles General Mackenna y Mapocho. Quedaron en celdas separadas. El abogado marcaba sus horas de encierro escuchando los altavoces del viejo Terminal de Buses Norte, ubicado enfrente, desde donde se anunciaban las salidas y entradas de los buses. Olivares releyó parte de la obra de Isaac Asimov. Solo dejaban el penal para ser interrogados por el fiscal “ad-hoc”.

En sus interrogatorios, Torres Silva hacía preguntas directas y sencillas. Parte importante de sus consultas tenían que ver con cómo Gómez Peña había llegado a la Vicaría y cómo luego había sido trasladado a la Clínica Chiloé, además de si había reconocido su participación en el asalto. En un momento Villalobos le reiteró que Gómez Peña le había mentido, aunque añadió algo más: “Pero incluso si me hubiera dicho la verdad no podría decírselo a usted, en razón del secreto profesional que debo respetar como abogado”. Torres Silva le respondió sin tutearlo, aunque con su acostumbrado tono golpeado: “Mire, acá hay una infracción a la Ley de Control de Armas y las normas jurídicas están por sobre cualquier secreto profesional”.

Al fiscal le interesaba especialmente saber por qué Villalobos y Olivares habían ido a comprarle ropa al prófugo, ya que a su entender eso configuraba el delito de “ayuda a grupo de combate armado” que contenía la Ley de Control de Armas. Una y otra vez ambos funcionarios le respondían lo mismo: que el tipo no tenía ropa para irse. “Torres Silva era muy bravucón, pero técnicamente muy torpe”, recuerda Olivares, quien por su labor en la Vicaría manejaba bien el lenguaje jurídico. “Tenía una actitud de hablar fuerte, de que nos iba a pudrir en la cárcel. Sobre la Vicaría quería saber cómo era su organización y funcionamiento, la forma en que estaba estructurada”. Según el facultativo, una de sus técnicas de ablandamiento eran las largas esperas, incluso de cinco horas, antes de cada interrogatorio. “Siempre nos interrogó de civil, un par de veces muy tarde, con un hálito alcohólico impresionante”.

La Vicaría es la Iglesia
La Vicaría inició una contraofensiva pública en defensa de sus dos funcionarios. La encabezó el propio cardenal arzobispo de Santiago, Juan Francisco Fresno. El prelado había asumido la Arquidiócesis en 1983, en reemplazo del también cardenal Raúl Silva Henríquez, quien al fundar la Vicaría en 1976 había dado una clara señal de que la Iglesia se alinearía a favor de los derechos humanos.

Debido a su perfil más conservador, Fresno en un principio fue recibido con reticencia por los funcionarios del organismo. Sin embargo, ante la arremetida del fiscal “ad-hoc” no dudó en jugarse personalmente por respaldar a la Vicaría. El 8 de mayo, dos días después de que Villalobos y Olivares fueran detenidos, visitó las oficinas del organismo. Cuando Pinochet dijo a la prensa que en la entidad “hay funcionarios que no son muy católicos”, Fresno le respondió públicamente: “Las diversas vicarías que existen en el Arzobispado, existen porque el obispo las ha fundado y representan el quehacer del obispo. No se puede separar una cosa de la otra”. “Él cardenal Fresno se convenció de que en este caso había una persecución a toda la Iglesia, no solo a la Vicaría”, resume Ramiro Olivares.

Diez días estuvieron incomunicados ambos funcionarios en la Cárcel Pública. Luego fueron trasladados en libre plática a la ex Penitenciaría, en calle Blanco Encalada. Ahí se encontraron con Ramón Rojas y Álvaro Reyes, los dos facultativos de la Clínica Chiloé, además del paramédico Claudio Muñoz, procesados por el mismo caso.

En ese penal Olivares y Villalobos se enteraron de la captura de Gómez Peña, quien el 12 de mayo había quedado en poder del fiscal Torres Silva, luego de un confuso periplo.

Andanzas de un prófugo
Hugo Gómez Peña se convirtió en un prófugo la misma tarde que llegó a la Clínica Chiloé, solo un par de horas después de que le asegurara a Villalobos y Olivares que al día siguiente iría a la Vicaría a poner la denuncia por haber sido herido. Tiempo después Ramón Rojas le confidenció al doctor Reyes que él se había ocupado de sacarlo de la clínica esa tarde, para trasladarlo secretamente a un domicilio particular. “Rojas nunca me dijo dónde lo llevó”, cuenta Reyes, quien no siguió preguntando, pues saber lo menos posible de tareas ajenas es una norma básica del trabajo clandestino. El mismo Reyes había operado secretamente en la Clínica Chiloé a un frentista baleado en un antebrazo, solo con anestesia local, porque el paciente debía ser trasladado ese mismo día. Para operarlo, Reyes se consiguió con otra clínica una caja de instrumental quirúrgico de osteosíntesis, que permite unir de manera exacta una fractura ósea. Por supuesto, los directivos de la clínica “donante” jamás se enteraron. Tampoco supieron los jugadores de Colo Colo y de otros clubes que a diario llegaban hasta la clínica de Reyes, para que el veterano doctor de “La Roja” que había clasificado a Alemania 1974, atendiera sus lesiones. Los cracks más conocidos desataban la euforia en el liceo de niñas vecino.

¿Dónde había estado Gómez Peña? Rojas lo ocultó en varios puntos de Santiago, en domicilios de viejos comunistas que lo recibieron sin saber quién era. Después de quince días escondido, el prófugo fue llevado a la consulta del doctor Pedro Macaya, otro antiguo militante del PC que colaboraba secretamente con la resistencia. Todo iba bien hasta que su estado flaqueó y Macaya comenzó a alarmarse. El 13 de mayo el facultativo llegó a la Vicaría para coordinar la entrega del herido a la Posta Central, lo que ocurrió ese mismo día. Gómez Peña inmediatamente quedó a disposición de Torres Silva, quien tan solo horas después lo interrogó en la Fiscalía. Quienes vieron al detenido describen su aspecto como lamentable. En sus posteriores careos con Villalobos y Olivares, Gómez Peña sostuvo que ambos sabían de su participación en el asalto. Para los profesionales, era obvio que Torres Silva lo estaba obligando a implicar a la Vicaría.

El doctor Pedro Macaya también quedó detenido. Más tarde se unió al resto de los procesados en la ex Penitenciaría. A pesar de estar mezclados con los reos comunes, el grupo nunca se sintió amenazado. Fue recibido en la mejor “carreta”, como se llama a los núcleos de convivencia entre los reclusos. Comían carne y frutas, tenían cigarrillos, guitarreaban y compartían el mate. Así lo explica Olivares: “Un código carcelario dice que mientras más portadas de diarios tienes más peligroso eres. Si tenías parte de una portada eras pesado, si tenías media plana eras muy pesado. Nosotros teníamos tres planas enteras: éramos muy muy pesados. Los bandidos más malos nos recibían con respeto”.

“Monseñor, ¿qué lleva en esa caja?”
A principios de junio fueron trasladados al anexo Cárcel Capuchinos, por lo que sus condiciones de reclusión mejoraron. Primero lo hicieron los funcionarios de la Clínica Chiloé y luego los de la Vicaría.

Reyes cuenta que el primer día de visitas en Capuchinos lo fueron a ver unas cien personas, muchas de ellas ligadas al mundo del fútbol. “Los gendarmes me dijeron que se cabrearon de anotar a la gente y que al final la dejaban pasar no más”. También recibió una carta de adhesión firmada por periodistas deportivos, entre ellos Sergio Livingstone, Pedro Carcuro y Julio Martínez. Como no tenía dinero, el Sindicato de Futbolistas organizó un espectáculo a beneficio suyo.

Hasta Capuchinos llegó también el cardenal Fresno, para entregar su apoyo al abogado Villalobos y al médico Olivares. “Ese gesto fue muy relevante”, recalca este último. “Don Panchito fue muy cariñoso”. También los visitó el cardenal Raúl Silva Henríquez. Olivares recuerda que llegó con una caja envuelta en un papel de regalo absolutamente transparente. “A media cuadra se veía que era una botella de whisky”.

–Monseñor, ¿qué lleva en esa caja?– le preguntó un gendarme en la puerta.

–Una colonia de regalo, hijo mío.

–Este… Ya, pase no más.

De un asalto a la Vicaría
El 29 de julio salieron bajo fianza los tres funcionarios de la Clínica Chiloé. Diez días después lo hicieron Olivares y Villalobos. Al día siguiente este último comenzó a recibir amenazas de muerte anónimas. Llamadas similares recibió el secretario ejecutivo de la Vicaría, Enrique Palet. Poco después llegó a su casa un paquete una cabeza de chancho con una cruz en la frente y una bala incrustada.

Pero Torres Silva no se detuvo. Estaba decidido a convertir el proceso por el asalto a la panadería Lautaro –cuya investigación ya estaba agotada– en una oportunidad para desentrañar la estructura y accionar de la Vicaría. El obispo auxiliar de Santiago, Sergio Valech, había tenido que contestar cuatro oficios suyos, mientras que el vicario Santiago Tapia había respondido diez.

En diciembre de ese año el fiscal “ad-hoc” modificó las encargatorias de reos contra Villalobos, Olivares y Ramón Rojas, desde “ayuda a grupo de combate armado” (contemplada en la Ley de Control de Armas) a “encubrimiento de delito terrorista” (sancionado por la Ley Antiterrorista). La nueva figura podía significar penas de hasta 15 años de cárcel e impedía la libertad bajo fianza.

Olivares volvió a ser encarcelado. En el caso de Rojas y Villalobos, la Corte Suprema dejó en suspenso sus aprehensiones, mientras resolvía un recurso de queja presentado por sus abogados. Gracias a que Villalobos volvió a ser procesado por la acusación original, pudo seguir libre bajo fianza. Posteriormente fue sobreseído. Para evitar caer nuevamente en prisión, Rojas huyó a Uruguay.

Luego de un año y dos semanas preso y de una campaña internacional que incluyó el apoyo de 15 premios Nobel de Medicina, el doctor Ramiro Olivares salió en libertad provisional. A la salida de Capuchinos lo abrazaron su esposa Mireya, compañeros de trabajo, familiares y amigos. Consultado poco después sobre si volvería a atender a Gómez Peña, respondió: “Sí, claro que sí. Como atendería al fiscal Torres Silva si lo necesitara”.

Pero Torres Silva parecía gozar de excelente salud. Y ahora iba tras un objetivo mayor: acceder por orden judicial a las fichas médicas de todos los pacientes que la Vicaría había atendido, bajo el argumento de que muchos de ellos podían ser terroristas. Esto abriría una larga pugna legal con la cúpula de la Iglesia, que se opuso tenazmente a ceder ese material. Hacerlo implicaría perder la confianza de los cientos de perseguidos que acudían a sus puertas.

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